Con frecuencia muchas iniciativas en el país han resultado ser un remedio peor que la enfermedad, porque se copian modelos por imposición, moda o populismo que ignoran por completo la realidad nacional.

Se quieren extrapolar a la realidad dominicana marcos normativos propios de países que nada tienen que ver con nuestras características económicas y sociales.

Peor aún, se imponen modelos de países mucho más desarrollados que el nuestro.
En el pasado ha ocurrido con un montón de iniciativas legislativas o normativas que terminan cayendo en una especie de desacato consensuado o han generado grandes dificultades a segmentos sociales.

El más reciente ejemplo lo tenemos en las leyes de Partido y la Electoral, que ahora quien fuera su principal promotor está enredado en una de las tantas cosas advertidas.

Ahora el Gobierno ha dispuesto unas normas sobre el llamado “trabajo doméstico” que abre una gran brecha para conflictuar las relaciones entre las familias y las personas contratadas para ese tipo de labores.

No solo pone en el centro de la mira de abogados pirañas que viven del chantaje procesal, sino que crea complicaciones al imponérsele requerimientos que ni a las grandes empresas se le requieren.

En el discurso justificativo algunos plantean que esas personas trabajan como esclavas, lo cual en la mayoría de los casos es una infamia, sumando así otro elemento al discurso que grupos fomentados desde el extranjero mantienen contra República Dominicana.

En la casi totalidad de los países donde se han impuesto normas similares, el trabajo doméstico prácticamente ha desaparecido, lo cual en esos lugares no representa un gran problema porque por ser países desarrollados los ciudadanos tienen resueltos sus principales problemas de subsistencia.

En muchos de esos países, luego de esas medidas, el trabajo doméstico pasó a ser desempeñado por inmigrantes ilegales como forma de las familias intentar evadir ese tipo de normas, pero finalmente terminó casi desapareciendo.

Mientras llega lo que pudiera ser inevitable, el Gobierno bien puede tomar medidas para facilitar a las familias asimilar las nuevas normas y protegerlas de los abogados pirañas.

No hay dudas de la buena intención del Gobierno, pero hay que tener cuidado.