En esta edición publicamos una historia que debe llamar a la reflexión: 137 personas han muerto en linchamientos. Ese dato engruesa una tendencia que puede tener consecuencias impredecibles.

Cada vez más grupos entienden que pueden tomar la justicia en sus manos.

Esa actitud refleja un relajamiento de la autoridad y un gran descreimiento de la población en  esta.

Sume a eso los incidentes de Pedernales, donde grupos emplazaron a los inmigrantes haitianos para que salieran del pueblo bajo la amenaza de que ellos mismos los sacarían de no atender a su advertencia.

A eso también hay que agregarles acciones como las de declarar como propios   decenas de personas para asentarlas en el registro civil, desconociendo lo que establecen las leyes al respecto.

Cada caso son actuaciones de personas o grupos de personas que entienden pueden llenar un vacío de autoridad.

Ese camino lleva ineludiblemente al caos.

Las autoridades no pueden dar pie a que se expanda el tomar las leyes en sus manos.

Se estaría derrumbando un principio fundamental para la convivencia social. El Estado no puede renunciar a sus facultades ni permitir que otros quieran suplantarlo.