La existencia de buenas leyes sin su aplicación efectiva equivale a un vacío jurídico peor que cualquier dictadura o régimen ajeno al Estado de derecho, el debido proceso e imperio de la ley.
Medité sobre el asunto al leer en la prensa los detalles de una demanda contra el Banco Central por una empresa inmobiliaria cuyos alegatos, infundados según demuestra el propio expediente judicial (cuyos detalles no caben en esta columna), han llevado a un temerario e ilegal embargo, pese a que el organismo rector de la política monetaria nacional en inembargable tal expresa el artículo 16 de la Ley Monetaria y Financiera.
Desde 1919, con la Orden Ejecutiva 378 publicada en la Gaceta Oficial 3080, está en vigor la norma que dispone que al decidir litigios el tribunal debe indicar expresamente si hubo mala fe o temeridad –o sea, imprudencia, insensatez y audacia— de alguna de las partes.
Esa determinación constituye una prueba perfecta de una falta civil que obliga al juez a castigar al litigante excesivamente temerario aplicando los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, mediante condena a pagar indemnización a la otra parte por daños y perjuicios, materiales, reputacionales y morales, y al pago de los gastos judiciales.
Más aún, la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación faculta a la Suprema Corte a imponer directamente multas a los autores de recursos notoriamente abusivos, temerarios o dilatorios.
Pese a tantas previsiones legales para regular la temeridad judicial, da vergüenza que sus esperadas consecuencias sean una quimera, pues tanto esos litigantes insensatos como sus audaces abogados reincidentes sólo padecen la pérdida de su causa, sin que su avilantez sea condenada como manda la ley.
Esa es otra impunidad de las muchas legitimadas por la indolencia social, que las autoridades condonan pese a su corrosivo efecto. Cuando los responsables rehúsan aplicar la macana legal, ¿qué puede esperarse sino más desorden impune y flagrante?
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