La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) aclaró que el uso del t-shirt verde forma parte de la vestimenta establecida para las personas privadas de libertad mientras permanecen dentro de los centros penitenciarios, pero precisó que no es obligatorio para comparecer ante los tribunales.
La institución explicó que esta disposición se aplica en el Centro de Atención a Personas en Privación de Libertad Provisional (CAPLIP-2) de Ciudad Nueva, conforme a lo establecido en la Ley núm. 113-21.
Según detalló la DGSPC, el uso de una camiseta de color uniforme responde a criterios de seguridad interior y convivencia dentro de los recintos penitenciarios.
Como parte del protocolo de ingreso, cada persona privada de libertad recibe un kit de vestimenta y otro de higiene personal.
En caso de que el interno requiera ropa adicional, esta debe mantener las mismas características de la vestimenta entregada por el centro. La persona puede adquirirla por cuenta propia o solicitarla a través del área de asistencia social cuando se encuentre en condición de indigencia.
¿Qué ocurre cuando deben salir del recinto?
La DGSPC indicó que cuando una persona privada de libertad debe salir del centro por una causa autorizada, puede utilizar ropa distinta a la establecida para permanecer dentro del recinto.
Esto aplica, por ejemplo, para audiencias judiciales, citas o atenciones médicas y otras salidas autorizadas.
En estos casos, el artículo 74 de la Ley núm. 113-21 permite el uso de prendas personales o vestimenta de paisano.
Por esa razón, la institución subrayó que “el uso del t-shirt verde nunca ha sido obligatorio para comparecer ante los tribunales”.
La aclaración busca diferenciar entre la vestimenta exigida mientras la persona permanece dentro de un centro penitenciario y aquella que puede utilizar durante determinadas salidas autorizadas.
La DGSPC reiteró que estos protocolos responden a disposiciones legales dirigidas a garantizar la seguridad, la convivencia dentro de los recintos y el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.
La institución afirmó que continuará aplicando las disposiciones establecidas en la Constitución, la Ley núm. 113-21 y los protocolos que regulan el funcionamiento del sistema penitenciario y correccional.
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