Santo Domingo.-Tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez, quien denunció la existencia de extorsión en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el Gobierno anunció ayer la agilización de pagos a los contratistas para evitar actos dolosos.

El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, advirtió ayer que quienes intenten aprovecharse de cualquier deficiencia del programa de construcción de edificaciones escolares, tras evidenciarse las faltas, tendrán que responder por sus hechos ante la Justicia.

A propósito del revuelo generado luego que el pasado viernes el arquitecto David Rodríguez decidiera suicidarse por alegadas deudas, Amarante Baret expresó: “No vamos a tapar a nadie”.

Asimismo, garantizó investigar cualquier acto de corrupción que pueda haber en la construcción de las escuelas y la conformación de una comisión.

La misma estará integrada por el titular de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) Francisco Mosquea, junto a otros miembros de este gremio.

“La mafia”

El revuelo causado por el suicidio de David Rodríguez llevó ayer a varios contratistas, ingenieros y afines a revelar las irregularidades cometidas por funcionarios estatales tras la adjudicación de obras que son ganadas mediante sorteos.
“Yo concluí una escuela y me deben RD$10 millones y ahora me están pidiendo el 30% de ese dinero para pagarme”, denunció un contratista que no quiso ser identificado.

Según las denuncias, las situaciones van desde pedir un por ciento de los pagos de proyectos adjudicados hasta chantajes para que los contratistas cedan parte de las edificaciones.

“En algunos casos les piden hasta el 60% del valor que el Estado les adeuda”, argumentó Eliseo Cristopher presidente de la Confederación de Pequeños Contratistas.

Todo se hace bajo la promesa de ayuda para agilizar “que te paguen” o para que “no te quiten la obra, porque está en la lista de inauguraciones”, indicaron algunos ingenieros.

Otra modalidad de extorsión utilizada por funcionarios es obligar al contratista que gana la obra a transferirla a terceros o a cogerles dinero prestado a ellos mismos.

Como por el dinero prestado se pagan intereses, los acreedores buscan la forma de obstaculizar los pagos de las cubicaciones para que el monto a pagarles sea mayor.

Si el contratista que ha sido beneficiado se niega, “nos hacen la vida imposible”.

“Son cientos de casos que están sucediendo en los que hay miles de millones de pesos envueltos”, alertó Cristopher.
Agregó que a parte de la Oisoe, también debe ser investigado personal del Ministerio de Educación y de Obras Públicas.

“Es un desastre total, una mafia muy confabulada y no puede ser que un arquitecto se tenga que pegar un tiro porque lo han llevado a incurrir en deudas inimaginables con chantaje”, deploró.

Seguirán interrogatorios

La encargada de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogará hoy a otras personas como parte de la investigación que se sigue por el suicidio del arquitecto.

Ayer fueron interrogados Joel Soriano de los Santos, empleado de la Oisoe, y Alejandro Isidro de los Santos, exencargado de edificaciones escolares de esa institución, quienes fueron acusados de “ladrones” por el hoy occiso.

Falta pago de 700 centros inaugurados

De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de Educación, hasta el momento hay 700 centros educativos que han sido inaugurados, pero no se ha realizado el pago de la cubicación final porque el proceso es “anormal”.

Además, el ministro Carlos Amarante Baret dijo que en el primer año de ejecución de la línea de crédito del BanReservas, que es una alternativa para agilizar las construcciones, el Gobierno ofreció 4,198 millones de pesos, de los cuales se habían amortizado más de 3,800 millones de pesos.

Sin embargo, el presidente del Codia, Francisco Mosquea, se opuso ayer a este crédito alegando que lo que procede es que el Gobierno pague a tiempo las cubicaciones tal y como lo establece el contrato.