Sociólogo Juan Miguel Pérez critica nuevo Código Penal: “Protege a las élites y castiga a los más pobres”

Rose: Millys Ortega

Santo Domingo, RD. – El sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Juan Miguel Pérez, cuestionó este lunes el contenido del nuevo Código Penal, promulgado ayer por el presidente Luis Abinader, al considerar que favorece a las clases privilegiadas del país y reproduce un modelo punitivo desigual.

Pérez aseguró que el nuevo marco legal es “un código protector de las clases privilegiadas”, y que militares, miembros del clero y políticos gozan de mecanismos de protección frente a la posible comisión de delitos, lo cual –afirmó– socava la equidad ante la ley.

“Ninguna sociedad puede asumir que un código penal más represivo solucionará los problemas sociales que suelen estar detrás de los delitos que ese código busca sancionar”, advirtió el académico.

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“Doble pena” para los sectores vulnerables

El sociólogo denunció que el código penal recién promulgado profundiza la exclusión social, al imponer castigos severos a personas de sectores empobrecidos sin ofrecer mecanismos de rehabilitación o reinserción social.

“Este código impone lo que en sociología denominamos ‘doble pena’: nacer y crecer en contextos de pobreza y luego ser castigado por un sistema rígidamente punitivo”, explicó.

También señaló que el nuevo cuerpo normativo representa un retroceso en términos de derechos para mujeres, niños y sectores marginados, negando avances necesarios en protección social y acceso a la justicia.

Código autoritario y conservador

Para Pérez, el nuevo código penal responde a dos corrientes ideológicas: un autoritarismo legalista, que penaliza con dureza incluso delitos menores, y un enfoque conservador, que prioriza el castigo por encima de la prevención y la dignidad humana.

“No se consideran los factores sociales que provocan los delitos. Este no es un código de justicia, sino de castigo”, subrayó.

Deficiencias conceptuales y riesgos para la ciudadanía

El experto también cuestionó la redacción del documento, calificándola como deficiente y poco clara, lo cual –afirmó– abre la puerta a múltiples interpretaciones jurídicas y vulnera los derechos de la ciudadanía, especialmente en materia de libertad de expresión y fiscalización del poder.

“Este código fragiliza a la población civil y obstaculiza su derecho a exigir rendición de cuentas a sus gobernantes”, concluyó.