Santo Domingo.-Una estructura mafiosa al servicio del crimen organizado logró enquistarse en el sistema de justicia para favorecer especialmente a imputados por narcotráfico, lavado de activos y otros crímenes, la cual, supuestamente, estaba dirigida por el exmiembro del Consejo del Poder Judicial Francisco Antonio Arias Valera, según indica la acusación presentada por el Ministerio Público contra el funcionario y otros jueces.
Las indagatorias realizadas por la Procuraduría reflejan de forma preliminar que la estructura funcionaba como un mercado, donde la mercancía a vender era la libertad de personas vinculadas a diversos delitos o simplemente hacer variación a las medidas de coerción.
Como si se tratara de una gran empresa, la organización estaba conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares, quienes valiéndose de sus influencias como autoridades del sistema se convirtieron en negociantes.
Protección dentro y fuera
De acuerdo a la acusación presentada por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, el exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Antonio Arias Valera, contactaba a jueces para que “resolvieran casos” que respondieran a sus intereses.
De igual forma, el documento refiere que Arias Valera utilizaba su influencia dentro del Consejo del Poder Judicial para encubrir procesos disciplinarios en contra de jueces de su entorno.
La denuncia fue atribuida al exmagistrado José Ygnacio Medrano Quéliz, quien especificó que Arias Valera “se reunía en varios lugares con él, junto a otros magistrados para realizar tentativas o convenios sobre algunos expedientes”.
En ese sentido, las autoridades sostienen que Arias Valera intervino para que en 2012 se dejara sin efecto un proceso disciplinario presentado por el diputado Alberto Atalah contra el juez Delio Antonio Germán Figuereo, luego de que liberara a varias personas que fueron acusadas por un robo millonario en su contra.
Así mismo, favoreció al también suspendido juez José Dionicio Duvergé Mejía. Además, la Procuraduría sostiene que todas las solicitudes de ascenso o traslados realizadas por Arias Valera entre 2001 y 2013 fueron para juez miembro de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal.
En esta provincia se encuentra la cárcel de Najayo, y es allí donde se ventilan números expedientes relacionados a casos de narcotráfico, lavado de activos así como otros delitos mayores.
Denuncias recientes
Las autoridades también señalan a Arias Valera como “la persona que contactó e influyó a cambio de altas sumas de dinero” en la magistrada Awilda Inés Reyes Beltré para que emitiera varias decisiones, entre ellas la libertad al regidor de Pedro Brand Erinson de los Santos Solís, acusado de sicariato.
A la referida magistrada, quien también fue suspendida, se le acusa de evacuar sentencias a favor de imputados por narcotráfico, entre ellos la devolución de US$20 millones a favor de la compañía constructora de la Torre Atiemar, propiedad de Arturo del Tiempo, condenado en España por tráfico de drogas.
José Dionicio Duvergé Mejía, Delio Antonio Germán Figueroa, Roso Vallejo Espino y Víctor Mejía Lebrón, que son los otros jueces que fueron acusados por el Ministerio Público y que fueron suspendidos, también han emitido numerosas decisiones que favorecen a narcotraficantes y otros imputados.
Grave situación
La Fundación Institucionalidad y Justicia calificó como gravísima la situación que atraviesa el Poder Judicial con las denuncias hechas por el Procurador contra varios jueces a quienes acusa de beneficiar a personas ligadas al crimen organizado.
“La acusación constituye, de hecho, la formalización de las graves denuncias que diferentes sectores y personas habían manifestado en los últimos meses, que señalaban directamente a jueces penales como responsables de sentencias, actos y decisiones diversas con indicios claros de violación del derecho”, considera la Finjus.
Diputados respaldan investigación a jueces
Diputados de las diferentes bancadas expresaron ayer su respaldo a la decisión del Poder Judicial de suspender e investigar a varios jueces acusados de cometer faltas graves en el desempeño de sus funciones.
El diputado Henry Merán manifestó que las investigaciones deben de ampliarse para determinar si existen otros actores involucrados en dichos casos.
“En todas las sociedades ocurren situaciones como esa, los seres humanos son vulnerables, hay vicios, y sobre todo pasibles, algunos, no todo, de ser tentados, de ser convencidos por ciertos sectores del crimen organizado, en sus debilidades de perpetuarse en la comisión de crímenes y delitos”, sostuvo Merán.
En igual orden se pronunciaron otros legisladores.
