Los delitos y crímenes de alta tecnología están tipificados en la Ley 53-07 .
SANTO DOMINGO.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al gobierno de República Dominicana investigar el espionaje electrónico contra la periodista Nuria Piera, deslindar responsabilidades y que se castigue estas acciones para desalentar el uso de “mecanismos ilegales de vigilancia”.
En su reciente reunión de Medio Año, la SIP criticó en las conclusiones que los gobiernos de El Salvador y México utilizaran el software Pegasus.
También, en una resolución la SIP condenó a los regímenes de Cuba y Venezuela por vigilar a los periodistas y bloquear sus comunicaciones y la de sitios de noticias por internet nacionales y extranjeros.
Este miércoles 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, un informe del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional explica que un teléfono de Nuria Piera, periodista investigativa y conductora de televisión, fue infectado con el software espía Pegasus en tres ocasiones entre 2020 y 2021.
Piera, miembro de la Junta de Directores de la SIP, corroboró que, para la fecha del espionaje, investigaba denuncias por corrupción relacionadas con el gobierno de Danilo Medina, casos que derivaron en procesos judiciales.
“Esta práctica ilegal viola la privacidad a la que tiene derecho toda persona, además de afectar la confianza del periodista con sus fuentes informativas”, expresó Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.
Problema viejo
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo que “el espionaje mediante Pegasus es un problema que venimos denunciado desde hace años en varios países de la región.
Es importante que los gobiernos se abstengan de utilizar estos mecanismos, investiguen y castiguen a los responsables para desalentar estas prácticas ilegales e ilegítimas”.
De acuerdo con Amnistía Internacional, República Dominicana es el tercer país de las Américas, después de México y El Salvador, donde se ha usado Pegasus en contra de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.
La Declaración de Salta de la SIP sobre libertad de expresión en el ecosistema digital establece en su artículo 7 que “las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable ningún caso”.
Lo legal
Según César Moliné, director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firmas Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la principal legislación a tomar en cuenta es la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Explicó que esta ley está dirigida a proteger los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido que en el caso de la periodista es su celular.
Moliné indicó que las interceptaciones telefónicas son permitidas como excepciones al derecho fundamental a la intimidad (establecido por el artículo 44 de la Constitución), siempre que se cumplan con las salvaguardas legales necesarias. “Una de las principales salvaguardas para estos casos es una autorización judicial”, dijo al tiempo que señaló que como no hay una constancia de que exista una orden judicial, esta sería ilícita.
El software
— Malos usos
El software Pegasus se instala en los teléfonos inteligentes de manera secreta e incluso sin ninguna acción de parte de usuarios. Es adquirido por gobiernos para investigaciones aunque frecuentemente recibe malos usos.
