Miami.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó ayer de torpe política de Estado a favor de la censura previa la prohibición al diario El Nacional y al resto de los periódicos venezolanos de publicar fotografías e informaciones sobre violencia durante treinta días.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, dijo en un comunicado que se trata de un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, especialmente en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales.
Aguirre, subdirector del !Diario Las Américas, con sede en Miami, indicó que más allá del acto de censura directa y multa contra El Nacional, prohibir a todas las publicaciones impresas del país reproducir informaciones y fotografías que muestren violencia no es otra cosa más que una clara y torpe política de Estado a favor de la censura previa.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, afirmó que se está frente a un duro golpe a la libertad de prensa.
Y viviendo un clima de incertidumbre total, por cuanto el periodismo podrá sufrir consecuencias graves sin saber realmente cuáles son los estándares de violencia a los que atenerse para publicar o no informaciones de interés público, agregó el director editorial del San Antonio Express-News de Texas.
Habíamos visto censura de todo tipo, y en eso el Gobierno venezolano viene liderando, pero lo de ahora es torpe, grotesco e irrisorio, demostrando que estamos frente a un Gobierno sin límites, comentó.
El origen de la polémica orden judicial se originó después de que el viernes pasado el diario El Nacional publicó en su portada una fotografía de una morgue en la que se ven numerosos cadáveres, como ilustración de una nota sobre inseguridad pública.
La acusación contra el periódico surgió tras la solicitud del grupo Frente de Estudiantes Contra la Privatización de la Universidad Central de Venezuela que planteó que la foto vulnera el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral. La decisión judicial contra los periódicos venezolanos afecta sólo la publicación de imágenes.
