Toda la sociedad dominicana debe y tiene que sentirse herida por los exabruptos de agentes en destacamentos de la Policía con el trágico desenlace de la muerte de los jóvenes Richard Báez, José Gregorio Custodio y David de los Santos.

El Gobierno y la Policía están obligados a pedir perdón a los familiares de esos jóvenes que fueron víctimas de una vieja práctica en el sistema policial dominicana.

Lo ocurrido con Báez, en Santiago; con Custodio, en San José de Ocoa, y De los Santos, en el Distrito Nacional, viene a desnudar una brutalidad que ha caracterizado a la Policía y de la cual la sociedad se ha mantenido ajena por las represalias del sistema corrompido que ha prevalecido.

En el pasado se denunciaba un ejercicio abusivo por parte de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el libre poder de “colocar” sustancias prohibidas a jóvenes de populosos barrios de todo el país para justificar un apresamiento totalmente arbitrario.

Desde siempre hay denuncias sobre maltratos y abusos contra jóvenes detenidos en redadas ilegales u operativos fuera del marco de las normativas democráticas, los que siempre fueron cometidos para que los “supuestos delincuentes” confiesen por acciones imputadas sin ninguna prueba.

En la ciudadanía se despierta la conciencia sobre la gravedad de tolerarse acciones irracionales de agentes de la Policía como si el país aún viviera en el salvajismo del pasado y olvidando los avances democráticos alcanzados desde el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo y de la movilidad social en temor a las represalias por parte de las autoridades abusivas que siempre han merodeado las instancias del orden o del desorden.

Hay que acompañar a los familiares de esos tres jóvenes “asesinados”, indefensos en el cautiverio de esos destacamentos, que más deben llamarse campos de concentración de brutalidad.

Pero estos parientes de Báez, de Custodio y de De los Santos necesitan que los ciudadanos no solo elevemos una voz de protesta que se escuche por todo el país, sino que se hace necesario tomar las calles de manera pacífica y civilizada para advertir que las arbitrariedades no serán toleradas ni consentidas por miedo o por complicidad.

La reforma de la Policía Nacional debe ser puesta en marcha y las autoridades dejar el discurso de oportunismo, olvidando que la sociedad no puede continuar bajo el yugo de policías intolerantes y enemigos de los ciudadanos, sino que urge por representantes con plena conciencia de su responsabilidad civil y ante el fortalecimiento de los derechos humanos, lo que vendría a servir de plataforma valiosa para la consolidación de la democracia.

Los familiares de los jóvenes asesinados necesitan llorar su muerte con los responsables purgando en la cárcel el castigo que se merecen de acuerdo con las leyes y la gravedad de su arbitrariedad y brutalidad.