Santo Domingo. En una jornada atípica, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, se ausentaron este lunes de su acostumbrada rueda de prensa posterior a la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta.
La inusual ausencia de ambos funcionarios se produce en medio de las revelaciones por el caso La Barranquita, luego de que el expediente de solicitud de medida de coerción contra once agentes policiales revelara que las cinco víctimas del operativo no dispararon armas de fuego, contradiciendo la versión inicial de la institución del orden.
Según el Ministerio Público, los resultados de las autopsias, análisis balísticos y residuos de pólvora confirman que ninguna de las víctimas realizó disparos y que los proyectiles extraídos de los cuerpos corresponden a armas de reglamento utilizadas por los propios agentes. Además, los exámenes toxicológicos determinaron que no se detectaron sustancias controladas en los organismos de los fallecidos.
Frente a las preguntas de los periodistas, fue el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien ofreció declaraciones, reiterando que desde el primer momento se informó que se trataba de “un evento en desarrollo” y que algunas de las personas fallecidas tenían antecedentes penales.
“Este caso fue enviado al Ministerio Público y ya se encuentra judicializado. Nosotros, como Policía Nacional, somos respetuosos de los procesos judiciales y estamos cumpliendo con todos los requisitos”, declaró Pesqueira, sin referirse a las contradicciones entre la versión policial y las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Al ser cuestionado sobre las denuncias de impunidad y falta de seguimiento en otros casos de muertes a manos de agentes, el vocero insistió en que la investigación recae en el Ministerio Público.
“Cada uno de los casos que involucra a agentes, tal y como lo establece la norma procesal, cae en manos del Ministerio Público. Cualquier pregunta sobre este particular, ellos pueden responder en la jurisdicción correspondiente”, concluyó.
Ministerio Público habla de ejecución extrajudicial
El Ministerio Público calificó el hecho como una ejecución extrajudicial y aseguró que existen pruebas suficientes que demuestran que el operativo fue una acción planificada para asesinar a las víctimas y luego eliminar las evidencias.
Los imputados son el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo Antonio de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, todos adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos, con sede en el Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo.
También están acusados Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Feliz Feliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña, pertenecientes a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
Horas después del hecho, la Policía informó que los cinco hombres abatidos “enfrentaron a tiros a los agentes” y que formaban parte de una estructura vinculada al crimen organizado, versión que ahora es contradicha por los hallazgos del Ministerio Público.
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Joan Vargas
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
