Hemos seguido con atención el debate sobre el inicio o no, de las clases presenciales o semi-presenciales dentro del sistema educativo preuniversitario, y principalmente, en su nivel básico.

Para nosotros, en cierta forma, este debate es una réplica de la discusión que se ha llevado a cabo, desde hace algunos meses, en torno al llamado “escalamiento” o apertura de las actividades económicas, o el mantenimiento de las medidas de aislamiento ante las posibilidades de contagio por el Covid-19, Aún más, creemos que ese debate replica, en cierto modo, la discusión y la confrontación que hemos tenido históricamente en el país entre educación pública y educación privada.

Este debate es, también, la discusión sobre la brecha existente entre un sector de la educación y otro.

Ciertamente, llevamos ya un buen tiempo con el sistema de enseñanza virtual, que siendo franco, no creo que haya suplantado el sistema presencial de manera efectiva, cuando menos en los sectores de la educación básica y media.

Aunque el uso de la TV y de la radio ha jugado un importante papel, la falta de un estricto chequeo de producto o mecanismo de “feed back” no permite evaluar resultados. No cabe duda de que esta situación a quien más ha afectado es a los niños y niñas de la educación pública, menoscabando su derecho a la educación.

Esta no ha sido exactamente la situación del sector privado de la educación, por eso nos llama la atención la pertinaz posición de directivos, asociaciones y agentes del sector educativo privado, reclamando al Ministerio de Educación protocolos para el inicio de la clase presencial o semipresencial “suave” y “gradualmente”.

Como todo el mundo sabe, la realidad entre nuestros dos sectores educativos es distinta, siendo principales responsables los que han presidido históricamente el Estado dominicano, quienes por largas décadas ni invirtieron ni pusieron la atención adecuada en nuestros procesos de educación pública.

No es igual la realidad del entorno medio ambiental, ni lo son las aulas de nuestros colegios de clase media, que la de la escuela pública, ni son iguales sus recursos. Relacionado con esto, agentes de la educación pública han llegado a señalar que algunas de las medidas de prevención contra el contagio propuestas por el sector privado “no son aplicables por el alto costo o no están al alcance de la comunidad en general por el abanico que tiene que abarcar Educación”.

A esto, hay que agregar que las autoridades de educación en el país no pueden decretar la “presencialidad” o “semipresencialidad” escolar mientras Salud Pública e instancias de salud (Colegio Médico por ejemplo) no lo recomienden.

Entendemos algunas de las razones esgrimidas por parte del sector privado de nuestra educación. Pero preferiríamos esperar un poco más, para recorrer el camino con las riendas tensas, llegar todos y en tiempo.