Seguridad social en el régimen municipal

Seguridad social en el régimen municipal

Seguridad social en el régimen municipal

Víctor Feliz

Cuando entró en vigencia el Sistema de la Seguridad Social en el país se previó siempre el ir ingresando segmentos laborales gradualmente debido al impacto económico que esto generaría y así evitar dramáticas consecuencias. Lo primero que se debatió fue sobre cual salario mínimo se partiría para calcular la cápita de los afiliados.

El sector privado, que ya venía preparándose por años para la entrada en vigencia del mismo, fue que trazó la pauta. Los afiliados del sector ‘gobierno central’ fueron poco a poco adaptándose hasta cumplir plenamente con la meta.
El salario mínimo cotizable, si bien era bajo, y lo sigue siendo, resultó ser el principal desafío a cumplir.

La ley y el reglamento son claras en donde explican taxativamente que el empleador es responsable del monto de la cápita a aportar por el empleado en caso de que su salario esté por debajo del salario mínimo cotizable.

Esto es una especie de ‘presión amigable’ para que los salarios sean ajustados y llevados al mínimo sobre la media nacional.

En el caso de los ayuntamientos esto no fue posible por lo que sucedieron, al menos, dos hechos relevantes a nuestro entender hasta la fecha.

Primero, la deuda acumulada por el ‘No’ pago de las cotizaciones obligatorias a la Tesorería de la Seguridad Social, ronda la suma superior de veinte mil millones de pesos, y segundo, decenas de miles de trabajadores de centenares de ayuntamientos y juntas de distritos están desprotegidos; siendo esto último lo más dramático y penoso.

Desde hace años se han hecho ingentes esfuerzos por parte de líderes municipales, así como, por las asociaciones o gremios que agrupan a los ayuntamientos y distritos municipales, en encontrar una solución a tan enorme problema. En varias ocasiones se les han otorgado concesiones y posibilidades en condiciones favorables para saldar o negociar las deudas acumuladas.

También el Consejo de la Seguridad Social les ha ampliado el plazo para cumplir y así tener espacios para lograr el consenso, sin embargo, un puñado, de los también llamados gobiernos locales, a duras penas han podido cumplir.

La situación es evidente: esa altísima suma de dinero es un fardo imposible de cargar. Debido a las precariedades en que se manejan las arcas municipales estos necesitan más que plazos, concesiones y comprensiones, puesto que no podrán cumplir en ningún escenario, ni siquiera en el más favorable.

Debemos apuntar que la gran mayoría de los servidores municipales reciben menos de 7 mil pesos mensuales de sueldo por su jornada laboral, es imposible con esto vivir básicamente, y sumarle que no están previstos de una cobertura para la salud ni mucho menos recibirán una pensión al final de sus días productivos, es sin lugar a dudas la inequidad social de mayor catástrofe que vivimos en el país.

Es evidente que el actual gobierno ha dedicado sumas considerables para obras municipales y que la llamada “mano amiga del gobierno” es de largo alcance, por lo cual solicitamos que se tome en cuenta este tema de la seguridad social con un poco más de detenimiento y se procure con ello la solución definitiva a este engorroso tema.

Esta ancla evita que los ayuntamientos y juntas de distritos funcionen de manera adecuada puesto que son instituciones de servicio y su principal materia prima son los recursos humanos.

*Por Víctor Feliz Solano



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