Seguridad fallida: el minuto en que el Estado no estuvo presente

Lo ocurrido en Santiago no es un hecho aislado; es una señal. Y, como toda señal en materia de seguridad ciudadana, debe leerse con claridad y sin complacencias.

Un joven trabajador fue perseguido durante varios minutos por una turba en plena vía pública. Pidió ayuda, intentó salvar su vida y el Estado no estuvo presente. No hubo patrullaje, no hubo intervención, no hubo autoridad ni un sistema de emergencia capaz de responder a tiempo. La respuesta llegó después, cuando ya era tarde.

Esa es la realidad que, en mayor o menor medida, se repite en distintos puntos del país. La vemos a diario, muchas veces sin visibilidad mediática, pero con el mismo impacto en la vida de los ciudadanos.

Precisamente este viernes estuvimos en Santiago y, como en otras ocasiones, reiteramos la necesidad de una verdadera estrategia de seguridad. No se trata de parches ni de operativos coyunturales ni de cambios de mando para cumplir protocolos políticos. Urge una estrategia integral, con control territorial, inteligencia preventiva y capacidad real de respuesta.

Sin embargo, el gobierno insiste en proyectar una narrativa de avances que no se corresponde con lo que ocurre en las calles. Se habla de más agentes, de mayor preparación y de mejoras institucionales, pero los hechos reflejan lo contrario: debilidad institucional, improvisación, ausencia de dirección estratégica e inseguridad.

Lo ocurrido en Santiago no puede reducirse a un hecho aislado. Es la evidencia de un Estado que no logra garantizar la seguridad ni la vida de sus ciudadanos.

Y no, no es solo Santiago. Este patrón se repite en todo el país, con distintos niveles de gravedad, pero con un denominador común: la ausencia de una estrategia clara.

Se dirá que habrá justicia y, por supuesto, que debe haberla, pero la seguridad no puede seguir siendo un discurso que se activa después de los hechos. La verdadera seguridad es la que se anticipa, la que gestiona riesgos y evita que estas tragedias ocurran.

La seguridad ciudadana es un deber indelegable del Estado; cuando incumple su rol esencial, no solo pierde el control, sino que también compromete su responsabilidad.

Porque cuando el Estado no está, la violencia ocupa su lugar.