SANTO DOMINGO.- Varias fundaciones, movimientos, funcionarios y periodistas coincidieron en advertir ayer que establecer un requisito de veracidad para buscar o difundir una información constituye una forma de censura previa que no debe ser permitida en un país en el que exista estado social y democrático de derecho.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana, el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, y la periodista Nuria Piera consideraron que ese hecho es una amenaza para la libertad de expresión.
Abogaron porque cualquier iniciativa que afecte la Ley de Libre Acceso a la Información Pública sea para ampliar las facilidades que ofrece y no para amenazarlas.
La Finjus manifestó su preocupación, ya que entiende que cuando una persona solicita, busca o difunde información debe cerciorarse que sea veraz, pero aclara que la misma en modo alguno puede constituirse en un mecanismo de control de la información que se ofrece.
Señala que aunque el derecho de libre expresión no es absoluto, constituye uno de los derechos estructurales del sistema democrático.
El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, aseguró que esa propuesta de reforma a la referida legislación tiene que mover a todos los dominicanos a un rechazo absoluto, porque el derecho alcanzado por la población en esa materia no puede ser cercenado.
