Santo Domingo.– El secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero, expresó su respaldo a la creación del Ministerio de Justicia en la República Dominicana, calificándolo como un avance importante para la institucionalidad democrática del país.
Durante una visita de cortesía al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, Gil Botero señaló que la implementación de este nuevo ministerio representa “un gran festejo para la democracia, el avance y el desarrollo del país”, destacando que la ley que lo sustenta está “muy bien diseñada y recoge lo mejor de la experiencia internacional”.
“El Ministerio de Justicia de la República Dominicana está avanzando en buena hora. Este paso está posicionando y fortaleciendo al país y al Estado”, afirmó el también exministro de Justicia de Colombia.
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Peralta, por su parte, agradeció la visita del alto funcionario iberoamericano y resaltó la importancia de contar con su experiencia para acompañar el proceso de implementación de esta nueva entidad estatal.
“Pensamos aprovechar los aportes del señor Gil Botero, quien ha calificado esta legislación como magnífica. Él será un aliado, consejero y colaborador clave para asegurar que este nuevo Ministerio funcione de la mejor manera en beneficio del país”, afirmó Peralta.
El Consultor Jurídico reiteró que esta iniciativa marca un paso extraordinario hacia el fortalecimiento democrático y del sistema de justicia nacional.
Durante la reunión, que se extendió por aproximadamente 30 minutos, también estuvieron presentes Noelia Rivera Guevara, subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo, y José Ramón Antón, jefe de gabinete del secretario general de COMJIB.
Sobre el nuevo Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia fue creado mediante una ley promulgada en agosto por el Poder Ejecutivo, y tendrá a su cargo funciones administrativas claves dentro del sistema judicial del país. Entre sus responsabilidades están la gestión del sistema penitenciario nacional, la protección de los derechos humanos, la representación jurídica del Estado, y la administración del registro y certificación de documentos oficiales.
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