Víctor Feliz
Desde hace varios años, los gobiernos locales enfrentan una crisis sin precedentes. A pesar de la Ley 166-03, que otorga autonomía administrativa y financiera a las municipalidades, el Gobierno central ha retenido una porción significativa del presupuesto destinado a estos gobiernos.
Este año, en lugar del 10 % del presupuesto nacional, las municipalidades sólo reciben un 2.1 %, el más bajo desde la implementación de la ley del 2003. La situación ha llegado a tal punto que algunos describen este escenario como un verdadero apocalipsis municipal.
La autonomía financiera es vital para que las municipalidades puedan gestionar eficazmente sus recursos y responder a las necesidades de sus comunidades.
Sin embargo, la promesa hecha por el presidente Luis Abinader en 2020 de aumentar gradualmente el porcentaje del presupuesto destinado a los gobiernos locales hasta llegar a un 6 % en 2024 ha quedado incumplida.
En lugar de ello, el Gobierno central, sólo este año, habrá retenido más de 85 mil millones de pesos que, según la ley, deberían ser gestionados por las municipalidades. Este desvío de fondos ha dejado a las municipalidades con apenas 24 mil millones de pesos, una cifra insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
La falta de financiación adecuada tiene consecuencias directas y visibles en las calles del país. Los residuos sólidos se acumulan en las vías, creando focos de insalubridad y afectando la calidad de vida de los ciudadanos.
La infraestructura urbana está en un estado deplorable: parques y espacios públicos descuidados, calles y aceras destruidas, y una iluminación pública deficiente que contribuye a la inseguridad.
La falta de espacios de parqueo también se ha convertido en un problema crítico, causando congestión y caos en las áreas urbanas.
Los empleados municipales, que deberían ser el pilar de la administración local, trabajan con salarios de miseria, desmotivados y sin los recursos necesarios para realizar sus labores eficientemente.
La corrupción y el desorden administrativo son moneda corriente en muchas municipalidades, donde los permisos cuestionables y las juntas de vecinos politizadas complican aún más la gestión del espacio público y el uso del suelo.
La falta de recursos también se traduce en una carencia de servicios básicos. Las inundaciones son frecuentes debido a la falta de infraestructura adecuada para la gestión del agua, y la desaparición del arbolado y las áreas verdes agrava aún más los problemas ambientales y de salud pública. La situación es crítica y afecta a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico.
Para entender mejor esta problemática, es fundamental conocer la historia de la autonomía financiera de las municipalidades en la República Dominicana.
Desde la promulgación de la Ley 166-03, se esperaba que los gobiernos locales tuvieran la capacidad de gestionar sus propios recursos y atender las necesidades de sus comunidades. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente.
La retención de fondos por parte del Gobierno central ha obstaculizado el desarrollo local y ha perpetuado una situación de dependencia y vulnerabilidad.
A pesar de este panorama desalentador, existen posibles soluciones que podrían revertir esta situación.
En primer lugar, es crucial que el Gobierno central cumpla con la ley y transfiera los fondos correspondientes a las municipalidades.
Además, se necesita una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración municipal para combatir la corrupción y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente.
Las comunidades también tienen un papel fundamental que jugar. La participación ciudadana es clave para exigir mejoras y fiscalizar la gestión municipal.
Las organizaciones comunitarias y los activistas pueden trabajar juntos para promover proyectos de desarrollo local y garantizar que las necesidades de los ciudadanos sean escuchadas y atendidas.
*Por Víctor Feliz Solano
