Eso se espera del organismo electoral, luego que rinda un informe en los próximos días sobre la campaña a destiempo de los partidos y sus respectivos candidatos a distintos puestos locales y nacionales.

También se debe tener sobre la mira a funcionarios públicos, del Poder Ejecutivo o de los ayuntamientos, que utilicen recursos públicos para promoverse ellos o a sus “apadrinados”.

Los ayuntamientos también tienen que cumplir con su responsabilidad, retirando las vallas con promoción de campaña electoral o sancionando a las empresas propietarias de esas vallas, que pasan a ser cómplices de esa campaña ilegal por estar fuera de tiempo.

El anuncio hecho por la Junta se da al inicio de lo que pudiera ser un desbordamiento de la campaña electoral, violando las disposiciones legales que fijan plazos para el inicio de estas actividades. En la actualidad está abierta la precampaña (iniciada en la praxis mucho antes de la proclama), que tiene una serie de limitantes que han sido desconocidas.

Aunque de reacción tardía, la Junta aún está a tiempo de hacer valer su responsabilidad regulatoria de los procesos electorales para que no se le salga de las manos.

Las violaciones a la ley electoral son evidentes y se producen frente a las narices de todos.
La Junta tiene muchas herramientas para hacer cumplir la ley o, por lo menos, para evidenciar a los violadores, solo se requiere voluntad de hacerlo.

Pero, también, el organismo necesita el respaldo de la población. Esperemos.