Cuando se le mira en las páginas del periódico parece un drama diferente, el relato de un absurdo al que se nos invita como espectadores tal vez para evitar que ocurra en nuestras calles o comunidades.
Pero no. Las aceras están tomadas por vendedores de chucherías, talleres de tapicería, trabajadores de mecánica y tal vez por algún demandante de servicios, mientras los transeúntes, que nada tienen que ver con este mercado turco, deben andar por la calzada disputándole el espacio a los conductores de vehículos de motor.
¿Y por qué los comerciantes, artesanos y técnicos ocupan las aceras desde las paredes de las casas hasta el bordillo? Porque pueden, sin duda.
Es la misma razón por la que un sindicato de transportistas se ha apropiado dos carriles de la avenida 27 de Febrero y una calle entre la Plaza de la Bandera y Pintura, para poner un caso entre muchos.
Desde luego, esta es también la causa de que al conducir por las vías públicas cada cual aplique sus propias reglas y se sienta con el derecho de poner a un lado o derogar la norma común, que en este caso debiera de ser la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Así como se lee, con todas estas características, a pesar de su inutilidad.
Por lo visto ninguna autoridad pública se siente suficientemente autorizada para enfrentar situaciones como las descritas en el reportaje incluido en la edición de ayer de EL DÍA y en la de hoy.
El orden en el uso de las calles y los espacios públicos debe de correr por cuenta de la alcaldía, y en casos extremos, escalar hasta una instancia más amplia del poder.
Pero hace mucho tiempo que la administración del Estado cedió en estas prerrogativas.
Y nada más demostrativo de esta realidad que lo que pasa en nuestras calles y con nuestras calles.
