Salud pública: las decisiones de inversión que terminan impactando a las familias
Santo Domingo.- La salud pública no solo se define en hospitales y consultorios. También se decide en los presupuestos y en las prioridades que establece el Estado, decisiones que pueden determinar cuánto de los costos de una enfermedad termina siendo asumido por las familias.
Para el presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, República Dominicana debe revisar esas prioridades y asumir la salud como una de las áreas fundamentales de inversión pública.
“Son decisiones políticas”, afirmó Rodríguez al referirse a la necesidad de definir qué debe hacer el Estado para garantizar mejores servicios de salud.
El dirigente político recordó que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030 fue construida a partir de un amplio consenso nacional, pero cuestionó que sus objetivos en materia sanitaria no se hayan cumplido como estaban previstos.
Rodríguez sostuvo que la inversión pública en salud debió superar el 5 % para el período 2025-2026 y puso como referencia a Costa Rica, donde, según explicó, la inversión ronda el 8 % del PIB.
“Si nosotros queremos soluciones para estar mejor en el futuro, ¿cuáles son las decisiones políticas que hay que tomar hoy?”, planteó.
Su preocupación no se limita al monto que aparece en el presupuesto. Rodríguez cuestionó las consecuencias que puede tener para una familia enfrentar una enfermedad sin una respuesta suficiente del sistema.
“Las familias no deberían tener que pedir, tener que hipotecar su casa, vender su vehículo para poder tener acceso a un tratamiento de cáncer”, sostuvo durante una entrevista en "Esto No Tiene Nombre".
A su juicio, la salud debe ser entendida como un derecho que el Estado debe garantizar y no como un servicio cuyo acceso dependa de la capacidad económica de cada hogar.
“La salud es un derecho básico que tiene que estar garantizado”, afirmó.
Una economía que también depende de la salud
Los planteamientos de Rodríguez coinciden con un estudio que muestra que la salud no constituye únicamente un gasto para el Estado, sino también una actividad con un peso importante dentro de la economía.
El estudio “Panorama de la economía de la salud y administración presupuestaria en Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana”, elaborado por Fedefarma, Wifor Institute y Sanigest Internacional y publicado en 2023, estimó que la Economía de la Salud representó el 7.5 % del Producto Interno Bruto dominicano en 2021.
El informe calculó además que el sector generó alrededor de 500,000 empleos directos, equivalentes al 10.7 % del mercado laboral, y unos 110,000 empleos indirectos.
Pero uno de sus principales hallazgos es que el efecto económico de la salud trasciende su propio sector. El estudio estimó que por cada dólar invertido en la Economía de la Salud se generan US$0.80 adicionales de valor agregado en el resto de la economía dominicana.
La investigación analiza la relación entre las intervenciones sanitarias y variables como los ingresos, la productividad, el capital humano y la esperanza de vida, bajo la premisa de que una población que recibe prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos cuenta con mejores condiciones para estudiar, trabajar y producir.
En los cuatro países analizados, la Economía de la Salud generó una huella económica superior a los US$50,000 millones de valor agregado bruto.
El estudio también recoge una estimación de Wifor según la cual las intervenciones sanitarias durante las primeras etapas de la vida pueden incrementar los ingresos futuros en un 46 %. Esta estimación corresponde a Guatemala, por lo que no se aplica directamente a República Dominicana.
En el caso dominicano, el peso económico del sector contrasta con el nivel de inversión pública. Datos de 2026 citados por Fedefarma a partir del indicador WAIT de FIFARMA y estudios propios sitúan la inversión pública en salud en 2.9 % del PIB, por debajo del 6 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud y del 6.5 % señalado por la OCDE.
Fedefarma advierte que una financiación insuficiente puede traducirse en debilidades en la atención primaria, mayores tiempos de espera y un incremento de los gastos que deben asumir directamente las familias.
Cuando la enfermedad llega al hogar
Ese traslado de costos puede observarse más allá de las estadísticas, especialmente en hogares que enfrentan enfermedades que requieren tratamientos prolongados y cuidados permanentes.
Una investigación de El Día sobre el impacto de la enfermedad mental en las familias documentó el caso de Martha, una madre que combina trabajos informales con el cuidado de su hijo, diagnosticado con esquizofrenia.
Martha obtiene ingresos realizando labores de limpieza y otros trabajos, mientras debe cubrir parte de los medicamentos y gastos asociados al tratamiento de su hijo.
Al explicar cómo consigue reunir el dinero para comprar una de las medicinas, resumió su realidad en una frase: “Lo vamos juntando”.
A esa responsabilidad se suma el cuidado de su esposo, de 73 años, quien enfrenta un cáncer de garganta. En su hogar, como ocurre con muchas familias que conviven con enfermedades crónicas o trastornos mentales, el costo no se reduce al precio de una medicina.
También están el transporte, las consultas, los estudios, el tiempo destinado al cuidado y los ingresos que puede dejar de percibir un familiar que debe asumir esas responsabilidades.
En el caso de la salud mental, además, las dificultades no terminan con obtener una consulta. El sistema enfrenta retos relacionados con la continuidad de los tratamientos, la disponibilidad de especialistas y el acceso territorial a servicios comunitarios.
El Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030 propone elevar la participación de la salud mental hasta el 5 % del presupuesto nacional de salud, frente al 0.73 % del gasto público sanitario que representaba en 2017.
También plantea fortalecer la prevención, los servicios comunitarios, las unidades móviles, los centros de día y otras alternativas de atención.
La experiencia de estas familias muestra la otra cara de la discusión presupuestaria: cuando una enfermedad requiere atención continua, cualquier brecha del sistema puede convertirse en más tiempo, más gastos y mayores responsabilidades para los hogares.
Por eso, para Rodríguez, la discusión sobre salud no debe limitarse a cuánto dinero se coloca en el presupuesto, sino a las decisiones que permitan garantizar el derecho a la atención y evitar que el costo de una enfermedad recaiga de manera desproporcionada sobre las familias.
“Si nosotros queremos soluciones para estar mejor en el futuro, ¿cuáles son las decisiones políticas que hay que tomar hoy?”, cuestionó.
Sobre el autor
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en la fe que transforma.
