Los olvidados del sistema: cuando la familia ya no puede, la calle se convierte en el destino de las personas con enfermedad mental

Hace trece años, Martha tomó una decisión que todavía sostiene: nunca ha querido internar a su hijo.

No porque rechace el tratamiento ni porque desconfíe de los médicos. Su miedo es otro: "Tengo miedo que se escape".

Explica que el joven, hoy de 29 años, pasa casi todo el tiempo dentro de la casa. Teme que, si algún día sale de un centro de internamiento, no encuentre el camino de regreso: "Se puede perder".

La frase parece sencilla, pero resume uno de los mayores temores que enfrentan muchas familias que conviven con un trastorno mental grave: que el tratamiento se interrumpa y la persona termine viviendo en las calles.

Ese escenario no solo preocupa a Martha. En los últimos años, varios hechos violentos protagonizados por personas con aparentes alteraciones mentales reabrieron el debate público sobre la atención psiquiátrica en República Dominicana.

Entre ellos figura el caso del hombre que lanzó un bloque desde un puente peatonal y provocó la muerte de un conductor; los episodios registrados en Santo Domingo Este, donde un hombre arrojaba piedras contra vehículos, y el caso de una mujer que se lanzó a las vías del Metro de Santo Domingo.

Sin embargo, los especialistas consultados para esta investigación advierten que esos hechos representan situaciones excepcionales y no describen a la mayoría de las personas que viven con un trastorno mental.

El psiquiatra Julio Ravelo Astacio, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, sostiene que resulta incorrecto asociar automáticamente enfermedad mental con violencia o con condición de calle.

Ángel Almánzar, psiquiatra y exdirector nacional de Salud Mental, coincide en que detrás de las personas que viven en las calles suelen confluir múltiples factores.

"No siempre se trata de enfermedad mental. Hay consumo problemático de sustancias, pobreza, abandono familiar, exclusión social y personas que nunca lograron acceder a un tratamiento", explica.

Reducir el problema únicamente a la psiquiatría, advierte, impide comprender su verdadera dimensión.

Una respuesta que intentó organizar el Estado

Mucho antes de que estos casos ocuparan titulares, el Ministerio de Salud Pública había comenzado a desarrollar una estrategia dirigida específicamente a personas con trastornos mentales en condición de deambulación.

Documentos internos obtenidos para esta investigación muestran que, el Programa de Intervención para Personas con Trastornos Mentales en Condición de Deambulación inició en 2016 en las áreas de salud IV, V y VI del Gran Santo Domingo y posteriormente fue extendido a Puerto Plata.

Su objetivo iba más allá de retirar personas de las calles.

Los equipos realizaban evaluación clínica, iniciaban tratamiento, localizaban familiares cuando era posible y coordinaban la reinserción del paciente junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), la Policía Turística (POLITUR), fiscalías, ayuntamientos, la Junta Central Electoral y distintas embajadas.

El informe ejecutivo del programa, elaborado por la Dirección de Salud Mental y que recopila las intervenciones realizadas hasta 2021, registra 710 intervenciones, de las cuales 339 correspondieron a mujeres y 370 a hombres, principalmente en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago y La Altagracia.

El documento también señala que la estrategia atendió personas extranjeras, pacientes en urgencias psiquiátricas y familias en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Para Martha, esos datos tienen un significado particular. Su hijo nunca ha vivido en la calle, pero ella teme que, si algún día deja de cuidarlo, pueda terminar formando parte de esas cifras.

Del rescate al seguimiento: el reto comienza después

Retirar a una persona de la calle nunca fue el objetivo final del programa.

Los propios documentos de la Dirección de Salud Mental identifican que el mayor desafío aparecía después de la intervención: garantizar la continuidad del tratamiento y evitar que el paciente regresara nuevamente a la calle.

Por eso, entre las recomendaciones incluidas en el informe figuran ampliar el programa a nivel nacional, aumentar el número de camas para hospitalización, reducir el tiempo de respuesta del transporte sanitario y crear hogares de paso o centros de día para personas que, tras superar una crisis, no contaban con un entorno familiar donde continuar su recuperación.

Para Ángel Almánzar, esas recomendaciones mantienen vigencia.

Durante la entrevista explicó que mientras dirigió el programa fue posible dar seguimiento a numerosos pacientes mediante intervenciones comunitarias, pero recordó que después de la pandemia de COVID-19 dejó de recibir información periódica sobre su funcionamiento.

"No puedo afirmar que desapareció porque ya no estaba en la Dirección, pero después de la pandemia dejé de tener información sobre su continuidad", señala.

De hecho para confirmar la continuidad de esta programa y conocer el alcance y los resultados del Programa Deambulantes, este medio solicitó en varias ocasiones al Ministerio de Salud Pública estadísticas y documentos correspondientes al período 2017-2026. La solicitud incluía datos sobre las personas intervenidas, reintegración familiar, referimientos a centros de rehabilitación, así como el presupuesto asignado y ejecutado. Al cierre de esta edición, el Ministerio no había respondido.

A juicio de Almánzar, la atención de las personas con trastornos mentales en condición de calle no puede depender únicamente de ingresos hospitalarios.

"La respuesta tiene que ser comunitaria. Si el paciente recibe el alta, pero vuelve exactamente al mismo entorno donde perdió el tratamiento, es muy probable que vuelva a recaer", insiste.

Ese planteamiento coincide con el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030, que propone fortalecer la atención fuera de los hospitales mediante redes comunitarias, unidades móviles, hogares de paso, centros de día y viviendas supervisadas para personas que no cuentan con apoyo familiar.

Sin embargo, tanto Almánzar como Ravelo Astacio coinciden en que convertir ese modelo en una realidad requerirá tiempo, recursos y coordinación entre las distintas instituciones involucradas.

Cuando la salud mental y las adicciones se cruzan

La situación se vuelve todavía más compleja cuando al trastorno mental se suma el consumo problemático de sustancias.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este año que los trastornos por consumo de drogas representan una creciente preocupación de salud pública en las Américas y recomendó integrar su atención dentro de los servicios de salud mental, especialmente para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Ese enfoque comienza a reflejarse también en República Dominicana.

Consultado para esta investigación, el presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro Abreu, explicó que la institución mantiene espacios permanentes de coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud para los casos en que coinciden el consumo problemático de sustancias y los trastornos mentales.

La entidad informó además que trabaja en el desarrollo del Sistema de Acción Nacional Anti-Adicciones (SANA), iniciativa que contempla unidades móviles para acercar la atención a comunidades vulnerables y fortalecer la referencia de pacientes hacia centros especializados.

Asimismo, indicó que actualmente desarrolla una base estadística sobre personas con trastornos por uso de sustancias en situación de calle, debido a que esa información aún se encuentra en proceso de consolidación.

Más que presentar estas acciones como soluciones definitivas, las autoridades las describen como parte de un proceso de fortalecimiento institucional que busca mejorar la respuesta frente a un problema complejo donde intervienen factores sanitarios, sociales y familiares.

El reto sigue siendo el mismo

Durante esta investigación, los especialistas coincidieron en un punto.

Para Ravelo Astacio, la discusión pública suele activarse únicamente después de un hecho violento.

Advierte que esos episodios excepcionales no representan a la mayoría de las personas que viven con un trastorno mental y que asociar automáticamente enfermedad mental con violencia o peligrosidad solo profundiza el estigma y retrasa la búsqueda de ayuda.

Almánzar comparte esa preocupación.

Considera que el éxito de una política pública no puede medirse únicamente por la cantidad de camas disponibles o por el número de personas ingresadas.

"El verdadero éxito ocurre cuando la persona logra mantenerse estable dentro de su comunidad", recalca.

Eso implica garantizar medicamentos, seguimiento clínico, apoyo familiar y servicios comunitarios que acompañen al paciente incluso después de abandonar el hospital.

El miedo de Martha

Mientras las instituciones trabajan para fortalecer ese modelo, Martha continúa haciendo lo que ha hecho durante trece años.

Cada noche espera que su hijo tome el medicamento antes de dormir.

Cada mes reúne el dinero para comprar la caja que no recibe dentro de los apoyos disponibles.

Cada semana limpia un negocio, lava ropa y hasta carga cilindros de gas para completar el ingreso familiar.

Y cada vez que alguien le pregunta por qué nunca ha querido internarlo, responde exactamente lo mismo: "Tengo miedo que se escape."

No habla únicamente del hospital.

Habla de la posibilidad de perderlo. Porque para ella el peor escenario no es una recaída.

Es que un día su hijo desaparezca y termine convertido en uno de esos rostros anónimos que deambulan por las calles sin que nadie conozca su historia.

Después de revisar documentos oficiales, entrevistar especialistas, autoridades y familias, una conclusión atraviesa las tres entregas de esta investigación.

La salud mental no termina con un diagnóstico, tampoco con una consulta médica o una cama disponible. Empieza realmente cuando el sistema logra acompañar a la persona durante toda su recuperación.

Y mientras ese objetivo continúa construyéndose, cientos de familias siguen sosteniendo, casi siempre en silencio, una responsabilidad que trasciende el ámbito de la salud y se convierte, todos los días, en un acto de cuidado, resistencia y esperanza.