A mediados de 2009, el Estado dominicano suscribió un acuerdo denominado Contrato Especial de Arrendamiento Minero (CEAM), que facilitó la realización de una inversión para la extracción de oro, plata y otros minerales que hoy se dice está por encima de los US$ 4,000 millones por la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), empresa propiedad de la Barrick Gold Corporation, y Goldcorp.
Dicho acuerdo contempla algunos aspectos favorables, como el caso de la remediación medioambiental a consecuencia de la explotación inconclusa de la antigua Rosario, y la introducción de medios de explotación menos dañinos que los que se ejecutaban en el pasado.
Pero también contiene aspectos que las presentes autoridades públicas, y otras voces autorizadas, venían discretamente advirtiendo hace tiempo, distorsionantes y pocos convencionales, que requerirán renegociarse para ajustar el Contrato (CEAM) a principios de equidad, competitividad y justeza pública.
Entre ellos está la eliminación de la rentabilidad asegurada para la minera de un diez por ciento, la extensión del periodo durante el cual Pueblo Viejo (PVDC) recuperará su capital invertido, una reprogramación de los plazos para las deducciones y una disminución de las tasa de depreciación.
Como resultado de la reciente renegociación de estos temas, ahora se estima que el Estado recibirá a lo largo de su cuatrienio unos US$2,280 millones de dólares, nivelándose el flujo de recursos en el tiempo, reduciéndose los costos financieros, y estableciendo un impuesto mínimo.
Como resultado final de la negociación reciente, podemos sentirnos satisfechos que el Gobierno ha logrado un gran acuerdo, cuyos recursos frescos para la economía dominicana bien pueden usarse para solucionar de manera transparente y diáfana el ancestral problema eléctrico que afecta al país.
Con una decisión así, el pueblo le sacaría un dos por uno a la gran negociación que ha encabezado el presidente Danilo Medina.
