Puerto Rico se apresta a celebrarle un juicio político a su gobernador Ricardo Roselló, mientras que en Haití ha renunciado el primer ministro Jean-Michel Lapin por no haber podido formar gobierno tras dos meses de su designación.

Nuestros dos vecinos más cercanos viven un periodo de inestabilidad política y social.

En Haití son cíclicos estos procesos, pero en Puerto Rico (un territorio estadounidense) son inusuales estos tipos de fenómenos.

Quien se crea que las presiones en procura de la renuncia de Roselló son como consecuencia de unos comentarios de un grupo en unos chats privados, desconoce cómo se mueve la “real politic”.

Ese ha sido solo un detonante, una excusa para accionar grupos de todos los matices que están inconformes con el accionar de la administración de Roselló.

El propio Gobierno de Estados Unidos, que dirige Donald Trump, oxigena las protestas en Puerto Rico.
En esa isla, por ser territorio estadounidense, esas marchas difícilmente deriven en una medicina peor que la enfermedad, como con frecuencia ocurre en América Latina.

En Haití la situación es distinta. La vuelta a los recientes periodos de confrontación social sí puede derivar en una crisis mayúscula y revivir fantasmas del pasado.

En ese vecino país también ha habido protestas, pero acompañadas de violencia, distinto a lo que ha ocurrido en Puerto Rico.

La inestabilidad en Haití, unida a la que ocurre en Puerto Rico, obliga a República Dominicana a hacer un esfuerzo mayor por preservar la paz social, pues sería una crisis geopolítica que a la falta de democracia de Cuba se le unan crisis de gobernabilidad en los otros países de las Antillas Mayores (exceptuando a Jamaica en este caso).

Lo que ocurre en Haití, en Puerto Rico, en Cuba y en Venezuela nos obliga a atesorar la democracia dominicana.
Los dominicanos tenemos que evitar a toda costa una confrontación social o la inestabilidad política.

Hay que quitar las razones que tiene la sociedad para moverle la alfombra a la actual institucionalidad.