Periodista Luis García
Más allá de que se respete el debido proceso y las demás garantías constitucionales inherentes a todo imputado de cometer actos de corrupción, la sociedad dominicana en general respalda cualquier iniciativa de lucha del Ministerio Público en contra de ese flagelo.
Esa lucha para que sea verdaderamente creíble, sin embargo, ha de ser libre de manipulaciones interesadas desde el poder y de sesgos de los responsables de ponerla en ejecución en beneficio del pueblo dominicano.
De no ser así, se estaría haciendo un daño irreparable a los principios democráticos que enarbola nuestro Estado Social Democrático de Derecho.En los últimos dí
as se han presentado acontecimientos que dejan serias dudas sobre la lucha anticorrupción del Ministerio Público que encabeza la exjueza de la Suprema Corte de Justicia, Mirian Germán Brito; las cuales ameritan respuestas convincentes. Un silencio irresponsable dejaría seriamente cuestionada la moral de actores de incidencia en la vida pública nacional.
Un primer cuestionamiento vino del exterior, al conocerse la versión del presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Benjamin Cardin, quien planteó su preocupación por el compromiso de luchar contra la corrupción en la República Dominicana, en vista de que, según él, la principal motivación sería ir en contra de la oposición.
Las palabras del legislador fueron parte de la respuesta a los comentarios iniciales del próximo embajador, Juan Carlos Iturregui, durante una audiencia celebrada el 13 de junio con los nominados a las embajadas de República Dominicana y otros países, a fin de conocer sus estrategias para cumplir los objetivos de Estados Unidos en esas naciones.
La otra cuestión tiene que ver con el acuerdo de homologación presentado por el Ministerio Público respecto a otorgar un criterio de oportunidad a una parte de los imputados en el caso de supuesta corrupción administrativa denominado Calamar, mediante el cual quedaría fuera del proceso penal con la devolución de RD$1,000 millones en favor del Estado, pero quedándose en sus arcas más de RD$7,600 millones.
La situación se torna aún más seria y preocupante si se toma en cuenta que esa devolución no se haría en efectivo, sino que mediante el acuerdo se compromete al Estado a contratar servicios con los imputados que resultarían beneficiados, y mediante ese mecanismo descontarse los RD$1,000 millones.
Entonces, aquí surgen las dudas acerca de la seriedad de un Ministerio Público que desde el Poder Ejecutivo se promueve como independiente.
Dentro de las interrogantes que saltan a la vista figuran, ¿la lucha contra la corrupción se trata de una farsa gubernamental con el propósito de aplastar políticamente a la oposición? ¿En caso de que fuera así, se ha prestado el Ministerio Público de Miriam Germán Brito, de Yeni Berenice Reynoso y de Wilson Camacho, para una tratativa de esa naturaleza? ¿También determinados jueces habrían colaborado con el lawfare o judicialización de la política? ¿Cómo explicar éticamente la impunidad con gente que se ha declarado culpable de crímenes y delitos? ¿Hay autoridades gubernamentales comprometidas?
La lista de preguntas acerca de la supuesta lucha contra la corrupción en la República Dominicana podría ser larga y hasta serviría de utilidad en investigaciones académicas de final de maestrías y de doctorados.
Las autoridades del órgano persecutor están en el deber moral de responder con la verdad a las mismas, porque, de lo contrario, estarían contribuyendo a la construcción de una sociedad cada vez más desafecta hacia el poder político. En la actual coyuntura resulta de suma importancia la prevalencia de la verdad.
Tal como dice el evangelio de Juan, solo conociendo la verdad podemos ser verdaderamente libres.
