La Junta Central Electoral ha dado demostraciones sobradas de su interés por organizar un proceso no solo técnicamente adecuado para los comicios del año que viene, sino sin generar mayores traumas a la población.

Desde 1996 nuestro sistema electoral ha ido por una vía de perfeccionamiento paulatino y constante, a tal punto que logró superar hasta una suspensión sin que ello generara una crisis política o social.

La Junta ha mejorado como institución, logrando dejar en el pasado la necesidad de tutelajes y las denominadas “comisiones de seguimiento” que validaban sus decisiones ante una población que desconfiaba de su capacidad.

La misma población ha ido mostrando mayor madurez durante los procesos, igual que los partidos políticos.
Sin embargo, cada período electoral trae nuevos retos.

La actual Junta Central Electoral está a la espera de una nueva ley que sirva de marco para el proceso comicial del 2024.

Pero además deberá afrontar nuevos desafíos.
República Dominicana no escapa a las amenazas de la pandemia de informaciones falsas, lo cual sin dudas puede alterar la tranquilidad social.

De igual manera, tendrá que imponer el cumplimiento de normas a unos partidos políticos poco dados a someterse a controles de sus finanzas o actividades proselitistas.

La Junta necesitará de la colaboración de la población en pleno y del entendimiento de los principales actores del proceso, muy en particular de los partidos políticos, para llevar a buen término el compromiso asumido cuando sus miembros juraron el puesto.