El Día 
SANTO DOMINGO.-La resolución del Ministerio de Turismo de variar las regulaciones en la zona este del país, para permitir la construcción de torres frente al mar, ha alcanzado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien una organización estadounidense anticorrupción le atribuye reactivar sus intenciones de hacer negocios inmobiliarios en la zona, en contraposición con una disposición constitucional de su país dictada para evitar conflictos de intereses.
La entidad asegura que la citada resolución coincide con una visita que realizó al país el hijo de Trump en febrero de 2017 y que la empresa del mandatario norteamericano decidió reactivar sus intenciones de construir torres en la zona de Cap Cana, proyecto que paralizó en 2008 tras la crisis económica global y tener una litis judicial con los promotores de ese proyecto, los hermanos Fernando y Ricardo Hazoury.
Erick Trump, hijo de Donald Trump, visitó Cap Cana en febrero pasado y se reunió con los promotores. Archivo
Lo que dijo ‘Newsweek’
A continuación un fragmento de la información publicada por la revista estadounidense “Newsweek” a partir de un informe rendido por Global Witness.
El nuevo acuerdo de bienes raíces del presidente Donald Trump en la República Dominicana podría, si se completa, violar la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de los Estados Unidos, según una nueva investigación encubierta realizada por la organización Global Witness.
La Organización Trump abandonó sus ambiciosos planes para construir decenas de edificios de lujo en la República Dominicana hace una década, cuando la economía mundial se derrumbó.
Litis Trump-Hazoury
El proyecto terminó con una demanda judicial en la que la Organización Trump acusó a los desarrolladores dominicanos Ricardo y Fernando Hazoury de fraude.
A pesar de su promesa de no buscar nuevos negocios en el extranjero mientras esté en el cargo, ha surgido evidencia de que la Organización Trump, que ahora dirigen los dos hijos adultos del presidente, está de nuevo en busca de un acuerdo similar con los mismos desarrolladores dominicanos con los que cortó lazos hace muchos años.
Muchos legisladores y expertos señalan que este proyecto podría constituir un conflicto de intereses, y el informe de Global Witness publicado el lunes sostiene que el proyecto podría violar la Constitución.
“El negocio de la Organización Trump en la República Dominicana también ha suscitado preguntas sobre la relación entre el presidente de los Estados Unidos y los funcionarios dominicanos”, se lee en el informe.
“En particular, han surgido preguntas sobre si los funcionarios dominicanos cambiaron las reglas para que los edificios puedan construirse más altos para beneficiar a un proyecto de la compañía Trump, lo que podría ser una posible violación de la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de los Estados Unidos”.
Poco después de la inauguración de la administración Trump, su hijo Eric Trump visitó la República Dominicana para discutir el proyecto inmobiliario. Ocho meses después de su visita, el gobierno del país caribeño cambió las regulaciones que restringían las alturas de los edificios.
El cambio solo se aplicó a la región turística del este del país, donde se construirían los proyectos inmobiliarios de Trump.
La Organización Trump niega que esté involucrada en cualquier proyecto en la República Dominicana.
Los vendedores que hablaron con investigadores encubiertos de Global Witness, sin embargo, contaron una historia diferente.
Restricción en EE. UU.
Los expertos han dicho que este hecho podría incentivar a los gobiernos y funcionarios extranjeros a realizar acuerdos que sean buenos para la Organización Trump a fin de ganarse el favor del presidente.
El senador Ben Cardin dijo recientemente que los legisladores en Washington esperan que el presidente evite el tipo de conflicto de intereses representado en el caso de la República Dominicana.
En febrero, los activistas contra la corrupción le dijeron a “Newsweek” que los proyectos de la República Dominicana podrían ser motivo de juicio político. Mientras tanto, algunos expertos argumentaron que, aunque no hubiera evidencia de corrupción, la apariencia de un conflicto de intereses podría dañar la presidencia.
“La decisión de Donald Trump de no ceder a sus intereses comerciales una vez que asumió el cargo es un albatros en su presidencia. Obviamente, es inaceptable que el presidente se beneficie personalmente al obtener favores comerciales de gobiernos extranjeros que buscan ganarse el favor del gobierno estadounidense.
Pero es perjudicial para la presidencia, incluso cuando no hay un esfuerzo corrupto real en marcha”, dijo a “Newsweek” Andrew Wright, exabogado asociado de la Casa Blanca.
600 Millones US$.
Inversión que proyectan hacer mexicanos en la construcción de torres frente al mar.
300 Millones US$.
En un día vendió Trump en Cap Cana cuando vino en 2007.
