Cuando el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 14-2022 sobre el trabajo doméstico advertíamos que esa dependencia se extralimitaba en sus funciones, que de manera administrativa introducía cambios en el Código de Trabajo, imponía obligaciones a las familias más allá de lo que mandan las leyes vigentes, al margen de que fomentaba el conflicto en ese tipo de relación que se da en el hogar.

El primer efecto de esa resolución absurda fue que la población la desacató, familias y trabajadoras domésticas la ignoraron a tal punto de que sólo se habían registrado unos 300 casos de más de 300 mil posibles.

Ahora, para rematar la sinrazón, el Tribunal Constitucional hizo lo que era evidente: declararla no conforme con la Constitución.

La resolución en cuestión imponía carga a las familias que ni las grandes empresas tienen en sus relaciones laborales.

Además, partía de la falsa premisa de que el trabajo doméstico sólo es contratado por familias pudientes, olvidando la nueva realidad social dominicana en la que familias pobres tienen que contratar esos servicios para que las parejas puedan salir a trabajar mientras alguien cuida su hogar o que miles de familias monoparentales lo requieren como una necesidad.

Pero también trata a las familias como si fueran unidades productivas o empresas que contratan a las trabajadoras domésticas para generar riquezas y plusvalía.

Además de que llevaba el germen de la judicialización de las relaciones entre las familias y las trabajadoras domésticas.

El Tribunal Constitucional hizo público el resolutivo de su decisión y en los próximos días publicará la sentencia completa.

Se trata de una nueva experiencia de que los entes públicos tienen que sustentar sus acciones en nuestros cánones legales, partiendo de nuestra realidad y no querer tocar la música de organismos internacionales que no observan las peculiaridades nacionales.