Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Otto Pérez, renunció al cargo en la medianoche del miércoles para someterse a un proceso judicial por cargos de corrupción, a sólo tres días de las elecciones generales.
Pérez presentó su renuncia en una carta enviada al Congreso a las 23H58 locales del miércoles (05H58 GMT del jueves), anunció el vocero presidencial Jorge Ortega en un comunicado entregado a la prensa.
Ortega explicó a la AFP que Pérez dimitió para «mantener la institucionalidad del país» y «la figura de la presidencia alejada del proceso judicial».
El Congreso, que en una decisión histórica le retiró el martes la inmunidad a Pérez para que enfrente a la justicia, se reunirá este jueves a partir de las 07H00 locales (13H00 GMT) para conocer la renuncia.
Una vez sea aceptada la dimisión, el Legislativo convocará a una sesión de emergencia en la que asumiría formalmente el vicepresidente Alejandro Maldonado.
Pocas horas antes, el juez Miguel Ángel Gálvez emitió una orden de captura contra el mandatario por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho.
Según Ortega, Pérez se encuentra «en su casa», en un sector exclusivo del este de la ciudad.
En la carta enviada al Congreso, firmada de puño y letra, y divulgada por los medios locales, Pérez sostiene que enfrentará «con la conciencia tranquila los procesos que correspondan».
«En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto», subrayó.
Peréz, un general retirado de 64 años experto en contrainsurgencia, se presentará ante el juez que lleva la investigación a las 08H00 locales (14H00 GMT) en el edificio de la Corte Suprema de Justica, dijo Ortega.
Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, explicó a la AFP que en el momento en que Pérez se presente ante el juzgado, el ente acusador solicitará ligarlo al proceso judicial y dictarle prisión preventiva, una medida que de ser aprobada, hubiera de todas formas significado la destitución automática de sus funciones.
¡Otto ladrón!
En la madrugada, apenas conocida públicamente la dimisión, algunas decenas de guatemaltecos celebraron frente a la Corte Suprema, haciendo sonar pitos y coreando consignas: «Otto ladrón, te vas a ir a Pavón», decían en referencia a una de las principales cárceles del país.
«Es bueno que la ciudadanía continúe con coraje y madurez estos movimientos sociales», expresó la mañana de este jueves a periodistas la Premio Nobel de la Paz y líder indígena Rigoberta Menchú, en la Plaza de la Constitución, adonde otro grupo acudió a celebrar.
En entrevista con a AFP, Menchú había señalado que la convulsión social que está viviendo el país es un renacer de la población, indignada por la corrupción estatal.
La renuncia de Pérez tiene lugar tres días antes de que los guatemaltecos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en unas elecciones marcadas por la crisis política desatada en abril pasado por varios casos de corrupción en el gobierno y que ha provocado protestas masivas de repudio.
Para «prevenir posibles manifestaciones violentas», la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció el miércoles que se mantendrá en vigilancia con equipos en varias regiones del país.
Ocaso de un presidente
Pérez fue acusado el pasado 21 de agosto por la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala de ser uno de los cabecillas de una red denominada «La Línea», dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.
Salpicada por el mismo escándalo, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo, se encuentra en prisión preventiva.
Antes de la renuncia del presidente, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, rechazó por unanimidad recursos de amparo a favor del mandatario. «Hay una persecución penal (contra Pérez) e iremos a debate.
Luego a una sentencia, que de acuerdo a mi apreciación y lo que conozco del caso, tendrá que ser condenatoria», afirmó el miércoles temprano la fiscal general Thelma Aldana, en entrevista con la AFP.
Pérez llegó al poder en enero de 2012 en medio de una gran expectativa por sus promesas de realizar un «gobierno transparente» y de «mano dura» contra la violencia criminal que sufre este país de 15 millones de habitantes, desangrado por una guerra civil de 36 años (1960-1996).
