SANTO DOMINGO.- Cuando se transita el mismo camino, lo usual es llegar al mismo destino y al parecer el sentido de esa expresión es lo que tiene a Nicolás Maduro con el temor de ser vivir el mismo destino que en 1989 vivió Manuel Antonio Noriega en Panamá, quien terminó capturado, enjuiciado, condenado y apresado por Estados Unidos.
El relato que Washington sostiene hoy contra el gobierno venezolano es casi un calco al que se articuló en torno a la Panamá de Noriega. Previo a la invasión de 1989, Estados Unidos acusó a Noriega de coludirse con carteles colombianos de la droga, representar una amenaza para la seguridad nacional, violentar los procesos electorales y debitar las instituciones.
Lo mismo que hoy plantean sobre Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela, al que ahora le incluyeron el elemento de calificarlo de encabezar una organización terrorista.
Este detalle lo diferencia del caso de Noriega y es que para la época no existía el andamiaje legal actual con relación al terrorismo ya que muchas de esas disposiciones surgieron luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.
A finales de los años 80, Estados Unidos describió a Noriega como un gobernante que desestabilizaba la región. En los discursos de la época, Washington afirmaba que el jefe panameño usaba al Estado para facilitar el tráfico de drogas hacia su territorio y mantener vínculos con carteles colombianos.
Tres décadas después, el expediente público levantado contra Nicolás Maduro emplea elementos retóricos similares. En 2020, el Departamento de Justicia acusó formalmente al presidente venezolano de dirigir o permitir la operación del “Cartel de los Soles”, una estructura militar- criminal presuntamente involucrada en narcotráfico con destino a Estados Unidos.
Washington también denuncia vínculos con disidencias de las FARC, células del ELN y redes de oro y combustible controladas por grupos irregulares.
En ambos casos, el mensaje central es que no se trata solo de un adversario político, sino de un actor que representa una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos y el hemisferio.
En los años previos a la intervención militar en Panamá, Estados Unidos aplicó una batería de sanciones económicas tales como restricciones comerciales, suspensión de ayuda financiera y bloqueo de acceso al sistema bancario internacional. Ese cerco buscaba “asfixiar” al régimen de Noriega y generar presión interna.
En el caso de Venezuela, Washington ha aplicado uno de los regímenes de sanciones más extensos de su historia reciente: limitaciones a PDVSA, congelamiento de activos, restricciones a funcionarios, prohibiciones de transacciones internacionales y castigos a empresas vinculadas al gobierno.
Los objetivos declarados hoy son idénticos a los del pasado: “restaurar la democracia”, “proteger los derechos humanos” y “debilitar las fuentes de financiamiento ilícito del régimen”.
Otra coincidencia visible es la personalización del conflicto.
En 1989, Manuel Antonio Noriega era el foco absoluto de la narrativa estadounidense. Sus supuestas conexiones con el narcotráfico eran presentadas como la raíz de la crisis panameña. Documentos y discursos hablaban del “dictador criminal” que había secuestrado a su nación.
En la crisis venezolana, Washington ha concentrado su narrativa en Nicolás Maduro. No es casual que las acusaciones del Departamento de Justicia, los informes del Departamento de Estado y los pronunciamientos de la Casa Blanca repitan el patrón de presentar a Maduro como responsable único del deterioro institucional, la economía clandestina y la penetración de grupos criminales.
En ambos casos, el mensaje político opera sobre la lógica de que sin su figura, el sistema podría recomponerse.
Noriega y Maduro, las mismas reacciones
Las respuestas de ambos gobernantes ante las acusaciones guardan un tono sorprendentemente similar.
En 1989, Noriega calificó las acusaciones de Washington como “fabricaciones imperiales”, denunció un plan de desestabilización, habló de un “golpe de Estado financiado por Estados Unidos” y acusó a la Casa Blanca de preparar una intervención militar.
Las declaraciones de Maduro recorren un camino muy parecido. Cada vez que Washington anuncia sanciones o acusaciones, el presidente venezolano afirma que se trata de “agresiones imperiales”, “montajes” y “planes de invasión disfrazados”.
También acusa a Estados Unidos de manipular a la oposición, financiar conspiraciones y pretender apropiarse de los recursos venezolanos.
Ambos líderes sustentaron su discurso interno en el nacionalismo y convocando movilizaciones internas apelando a soberanía y antiimperialismo.
Con Noriega, Estados Unidos promovió la ruptura de relaciones y la imposición de presiones multilaterales a través de la OEA y países de la región. Panamá llegó a quedar prácticamente aislada antes de la invasión.
Venezuela, bajo Maduro, atraviesa un proceso semejante. Aunque no tan absoluto, ha sido objeto de resoluciones de la OEA, sanciones de la Unión Europea, desconocimiento diplomático de parte de la región, aunque ha conservado apoyo de Cuba, Nicaragua y México.
Diciembre está próximo a llegar. El derrocamiento de Noriega se produjo el 20 de diciembre luego de haber tenido un año repleto de presiones internacionales. Maduro tiene su barba en remojo, aunque la realidad militar de Venezuela es superior a la de Panamá en 1989.
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