*Por Víctor Féliz

A través de los últimos 30 años la región de América Latina ha venido buscando de manera decida, lograr los cambios que amerita la población la cual ejerce cada día más presión sobre las autoridades como responsables de satisfacer las necesidades, no solo del bienestar, sino del progreso que aspiran.

Surge como ente social y con valores y significados distintos: “el ciudadano”, quien pasó de ser un súbdito a uno elevado por la libertad a un derecho natural, derivación en ley natural que sustenta el razonamiento de las personas libres. Este es y no otro el fundamento, según Locke, “de la sociedad civil: vida, libertad y propiedad, ergo, es racional y por lo tanto puede disfrutar de una convivencia pacífica con otros hombres en el marco de un estado de naturaleza (sic).”

Este proceso suponía un conjunto de actuaciones convergentes de reformas de los marcos regulatorios de la época que sin un alto nivel de participación social hubiera sido condenada al fracaso.

Otro elemento tratado es una suerte de balance de resultados sobre el conjunto de acciones desarrolladas en el marco de la procura de un estado moderno y una administración pública eficiente. En este proceso se procuró alcanzar que las políticas públicas estuvieran orientadas a que los gobiernos se convirtieran en los protagonistas del desarrollo y de las mejoras continuas de las condiciones de vida de la población y del establecimiento de una real democracia en el marco del estado social, democrático y de derecho.

Se evidenciaron de manera conceptual los obstáculos y limitaciones encontrados en el transcurso de esas acciones, provocando un dinamismo democrático que llevó a las más amplias transformaciones jamás vista entre la relación estado-ciudadano.

Los procesos de reforma y modernización del estado suelen surgir de las propias agendas gubernamentales más que de la agregación de demandas de la población o del ciudadano. Es solo mediante fuertes liderazgos de los máximos niveles de gobierno, realmente convencidos de las bondades de un profundo proceso de modernización del aparato público, que pueden emprenderse políticas efectivas y sustentables en el tiempo.

Sin embargo, no resulta habitual encontrar ese tipo de liderazgos, en particular en los países de la región. Una posible explicación al respecto es que la ecuación costo/beneficio de los procesos de reforma no suelen ser tentadoras para los gobernantes.

En efecto, procesos efectivos de reforma y modernización del estado, suponen políticas sostenidas en el tiempo, generalmente a un costo fiscal elevado, con diversos frentes de conflicto y con resultados que solo pueden ser visualizados en el mediano y largo plazo. Incremento de gastos, conflictos y resultados de largo plazo, no resulta una fórmula seductora para la clase política en general.

Ante el nuevo reto de modernizar y transformar la administración pública bajo nuevos paradigmas, lo que primero debemos definir son los procesos de reformas anteriores en que consistieron y disponer con claridad conceptual respecto a lo que era necesario reformar y/o modernizar.

Las gestiones de gobiernos y sus administraciones están inmersas en multitud de problemáticas y con un importante descrédito ante la opinión pública. Los cambios producidos para satisfacer a la ciudadanía no están aún automáticamente ligados a la profesionalización de los recursos humanos.

No obstante, y debido a la naturaleza misma del ser humano y su entorno social determinante de sus acciones desarrolladas, podemos crear, en corto plazo, nuevos paradigmas en la administración del Estado: Fortalecimiento del control administrativo, disminución de costos administrativos, mayor participación social en las tomas de decisiones y fomentar una sociedad cimentada en valores.