La red de criminalidad transnacional de trata de Personas prometía a las mujeres colombianas y venezolanas trabajo en zonas turísticas, pero una vez en el país tenían que pagar de 3 mil a 4 mil dólares por concepto de “honorarios” por la gestión de traerlas, dinero que debían pagar prostituyéndose.

Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, donde se establece que la estructura, integrada por dominicanos, venezolanos y colombianos desmantelada con la operación “Cattleya”, se dedicaba a captar, transportar, trasladar, acoger y de recibir a las extranjeras víctimas de explotación sexual, y les suministraba drogas.