Reconocimientos, pero según la ley

La Junta Central Electoral es un órgano en el que convergen intereses políticos disímiles y por tanto su mejor resguardo es la ley.

Nuestras organizaciones políticas han demostrado hasta la saciedad ser lo suficientemente irresponsables como para pedir que se actúe al margen de la ley o que se postergue su aplicación a conveniencia.

Esos que hoy le piden a la Junta que se aparte del predicamento de la ley son los mismos que la denunciarán por actuar al margen de la misma.

Ya ha pasado cuando se le pidió un “redondeo” para que un partido pudiera recibir más fondos. Más recientemente la mayoría de ellos se unió para reclamarle que desconociera la disposición constitucional que ordena adecuar la cantidad de diputados de las provincias en virtud de su población.

Ahora le toca a la Junta Central Electoral decidir sobre numerosas solicitudes de reconocimiento de partidos políticos, la mayoría de ellos con la única intención de pactar con los ya existentes para tener una partida doble del pastel del Estado.

En este caso, el organismo comicial tiene la obligación de actuar conforme a lo que establecen las leyes y los reglamentos y darles el reconocimiento solo a los que cumplen.

La confianza del país solo se gana actuando con responsabilidad y valentía al amparo de las leyes.

Las organizaciones que cumplen los requisitos establecidos merecen se les conceda el reconocimiento sin mayores dilaciones, pero a los que no los llenan la obligación también es negárselo. Actuar diferente sería un acto de irresponsabilidad.