Santo Domingo.-Un análisis realizado por el Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de Funglode reveló que República Dominicana está entre los diez países con mayor acceso a la información judicial a través de la Internet con un índice de un 66.7%.

El análisis titulado “Las tecnologías de la información y la comunicación y el proceso laboral dominicano: hacia una nueva forma de administrar justicia”, elaborado por la investigadora Sabrina Mañón, destaca los beneficios que acarrea el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la administración de justicia, tomando en consideración las políticas públicas diseñadas para producir un aumento en el nivel de acceso a la justicia laboral en el país.

Resalta que en esta materia República Dominicana se encuentra por encima de Colombia, Honduras, Panamá, Ecuador y Guatemala, según el Índice de accesibilidad a la información judicial generado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Esta investigación es consecuencia del seguimiento que viene dando el OJD-Funglode a las políticas públicas judiciales, respecto de las que se puede destacar la decisión del Consejo del Poder Judicial de reglamentar las notificaciones, citaciones y comunicaciones en materia laboral, mediante la Resolución núm. 01-2014, la cual incorpora novedades tecnológicas para hacer más ágil la tramitación de dichos actos.

La investigadora Sabrina Mañón, sustenta que en vista de las necesidades de la jurisdicción laboral, al implementarse la resolución el Poder Judicial podría aumentar los niveles de eficiencia en la comunicación y trámite de los actos procesales, sin dejar a un lado el procedimiento tradicional para aquellas personas que no tienen fácil acceso para recibir notificaciones, citaciones y comunicaciones por medios electrónicos.

«Que las TIC en un primer plano, pueden tener por propósito crear u optimizar el vínculo existente entre el Poder Judicial y los ciudadanos, mejorando el nivel de accesibilidad a la información judicial, pero no debe llegar hasta ahí, se deben procurar mejoras a la gestión judicial y al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales”, explica Mañón.

Sin embargo, a más de un año de haber sido dictada la Resolución núm. 01-2014, aún las notificaciones, citaciones y comunicaciones no están siendo realizadas por medios electrónicos, dejando de percibir grandes beneficios para la administración de justicia mediante el uso de las TIC.

La investigadora indica que “las TIC pueden servir para conectar al sistema judicial con la ciudadanía, simplificando el acceso a los servicios y a las informaciones más relevantes”.

El análisis indica que en Iberoamérica existe una tendencia creciente a utilizar las TIC en los sistemas judiciales lo cual guarda “estrecha relación con los objetivos por los cuales son implementadas las TIC, estas pueden tener por propósito crear u optimizar el vínculo existente entre el Poder Judicial y los ciudadanos, mejorando el nivel de accesibilidad a la información judicial.

Sin embargo, no debe llegar hasta ahí, se deben procurar mejoras a la gestión judicial y al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales”, subraya.