Funglode detecta 55 observaciones y 39 contradicciones legales en el proyecto de Ley de la Policía aprobado en el Senado
- El centro de estudios de Funglode advierte sobre vacíos fiscales, inconstitucionalidades y fallas técnicas en la pieza legislativa, exigiendo su revisión antes de la votación final
Santo Domingo.- El Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la
Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo (GFDD) presentó 55 observaciones al proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, aprobado en primera lectura por el Senado en julio de 2026, las cuales están agrupadas en cinco ejes clave: constitucional, legal, económico, estructura y mando policial, e impacto en la seguridad ciudadana.
El análisis técnico fue presentado durante un conversatorio académico organizado por CESEDE-Funglode, con la destacada exposición de la magistrada Vanahi Bello Dotel y del magistrado José Alberto Cruceta Almánzar, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, basándose en una rigurosa revisión documental contrastada con la Constitución y la legislación vigente.
Al abrir el conversatorio, la directora de CESEDE, Josefina Reynoso, estableció la directriz principal del estudio al afirmar que “la coyuntura no debe sustituir el análisis técnico”, cuestionando si el instrumento legislativo satisface los estándares necesarios basándose exclusivamente en los textos disponibles: el anteproyecto y el Anexo de Modificaciones del Senado.
En el aspecto constitucional, el magistrado José Alberto Cruceta Almánzar expuso 22 puntos de contradicción directa con la Carta Magna sobre 15 artículos distintos, destacando el retiro automático de oficiales sin acto motivado (violando el artículo 256), la delegación total del uso de la fuerza a un reglamento (frente al artículo 74.2) y la privación de libertad sin control judicial o "conducencia" (contraria al artículo 40.1).
Por su parte, la magistrada Vanahi Bello Dotel presentó 33 defectos de técnica legislativa y contradicciones internas que no precisan invocar la Constitución, tales como la exclusión de por vida a mayores de 28 años (artículo 66.4) que choca con el mérito como criterio rector, o la fijación de una fecha ya transcurrida para el inicio del régimen disciplinario.
En el plano financiero, el informe advierte un incremento del déficit presupuestario institucional cercano al 2.90% debido a las pensiones, y denuncia que el artículo 324 del Anexo del Senado autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir instrumentos de deuda pública para pasivos de transición que no cuentan con un estudio actuarial de acceso público ni balances claros de la cuenta administrada bajo la Ley 590-16.
Respecto al diseño institucional, el proyecto concentra funciones de control en el Ministerio de Interior y Policía sin contrapesos, crea rangos sin precedentes que fragmentan la cadena de mando y habilita el ingreso de personal civil sin carrera policial a la alta gerencia administrativa, además de evidenciar una dependencia acrítica de los modelos normativos de Colombia, Perú y España.
El informe señala vacíos críticos adicionales, como la omisión de la derogación expresa de la Ley 285 de 1966, la falta de una fecha cierta de cese para el régimen disciplinario de la Ley 590-16, y la ausencia de la ley especial de jurisdicción penal policial, lo que provocaría que la institución opere bajo tres regímenes normativos simultáneos.
Finalmente, Josefina Reynoso enfatizó que una ley que requiere dos tercios de los votos no puede aprobarse con antinomias y exigió corregir las 55 observaciones. Ante esto, el CESEDE recomienda devolver el proyecto a la comisión correspondiente, condicionar la votación final a la resolución de cada contradicción y formalizar las derogaciones normativas pertinentes.
