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Cápitas diferenciadas: reforma para redistribuir riesgo sistema de salud

La propuesta de Sisalril  plantea un sistema en el que los afiliados se categoricen por edad y sexo.
La propuesta de Sisalril plantea un sistema en el que los afiliados se categoricen por edad y sexo.

SANTO DOMINGO.– La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) ha presentado una propuesta para la implementación de un modelo de cápitas diferenciadas, un esquema que asignaría a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) recursos proporcionales al nivel de riesgo de los afiliados, y no un monto uniforme como ocurre actualmente.

La propuesta ha puesto los dedos sobre una llaga que todos en el sistema sabían que existía, pero que se justificaba bajo la premisa de la rentabilidad financiera y la sabichosería de algunos actores que se movían en el sistema haciendo todo lo que fuera necesario para aumentar su rentabilidad.

Habían encontrado lo que entendían era una fuga del sistema para aumentar su rentabilidad y su sistema era afiliar de manera preponderante a personas de bajo riesgo de enfermedad enfocándose en hombres jóvenes y sin enfermedades crónica, aquel segmento de los afiliados que casi no demanda servicios médicos y dejarle a los otros, en especial al estatal Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las mujeres en edad reproductiva y las personas mayores de 60 años, que son los que con más frecuencia demanda de servicios médicos.

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Pero no contaban con la astucia de la SISALRIL y su nuevo incumbente, un Miguel Ceara Heaton curtido en las estadísticas, las proyecciones y la economía social. La entidad sorprendió al sacar debajo de la manga una parte olvidada y nunca vista de la vigente Ley de Seguridad Social y ha propuesto que a mayor riesgo, mayor cápita la que reciben las ARS por afiliado. Pero esa propuesta tiene una lectura inversa: a menor riesgo, menor cápita recibida.

Aunque a primera vista parece un ajuste técnico, la propuesta busca atacar el desincentivo estructural que enfrentan las ARS para atender a los afiliados de mayor riesgo, como adultos mayores, pacientes crónicos o mujeres en edad reproductiva. En lugar de representar una prioridad médica, estos afiliados se convierten en una carga financiera para las aseguradoras privadas, lo que ha fomentado prácticas de exclusión, negación de servicios o traslado discrecional de costos hacia el paciente.

Un sistema que castiga el riesgo

Actualmente, todas las ARS reciben una cápita fija por cada afiliado. Esa cápita es el monto mensual que el sistema público transfiere a las aseguradoras para cubrir los servicios de salud incluidos en el plan básico (PDSS). Sin embargo, ese monto no toma en cuenta que no todos los afiliados representan el mismo nivel de gasto. Un hombre joven y sano difícilmente consume el mismo volumen de servicios médicos que una mujer embarazada o un paciente con hipertensión, cáncer o diabetes.

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