El asedio contumaz de parte de un puñado de legisladores contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y de Riesgos de Salud (ARS) evidencia que, lejos de procurar alguna reforma necesaria en beneficio del sistema de seguridad social y la ciudadanía, podría tratarse de un intento de destruir las bases del crecimiento y estabilidad del país en las últimas décadas.

Si no se trata de una conspiración con fines políticos de tan vasto alcance, habría que considerar entonces la posibilidad más pedestre de que estemos ante alguna otra locura similar al fabuloso reclamo de los Rosario de una inexistente fortuna o la anterior de los Guzmán con su mítico Barón de la Atalaya, ambos casos posibilitados por la resonancia mediática alcanzada por sus propulsores.

Uno de los más excitados antagonistas de las empresas privadas que ofrecen los servicios de la seguridad social es Pedro Botello, polémico diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Romana, quien dijo el viernes que intenta tres instancias judiciales alegando que las AFPs, según reportó la prensa, han “retirado y apoderado de una parte de los ahorros de más de dos millones de dominicanos, argumentando fluctuación en el dólar y caída de la moneda”. Pero todavía no deposita esas demandas en los tribunales.

Pese a múltiples explicaciones de autoridades, de las propias AFPs y de su asociación (ADAFP), acerca de la momentánea disminución nominal en el balance en pesos de los fondos de capitalización individual por efecto de la disminución de la tasa de cambio del dólar, o apreciación de la moneda dominicana, Botello insiste que esas empresas deben “reembolsar el dinero sustraído de las cuentas”.

En otras palabras, acusa de robo a las AFPs.
Pocos días antes de esta nueva difamación, Botello y otros legisladores habían propuesto en el Congreso “eliminar” las AFPs y las ARS, una descabellada propuesta cuya explicación ofendería al ciudadano mínimamente informado y consciente.

El efecto socioeconómico de “eliminar” esas empresas sería peor que una guerra civil o un desastre natural catastrófico.

El empeño de Botello tiene aun más antecedentes, pues desde el inicio de la pandemia quiso liderar un absurdo reclamo de que las AFPs entreguen a los titulares de las cuentas sus ahorros, una imposibilidad legal que sacudiría las bases del sistema financiero dado que esos fondos están invertidos a largo plazo.

Botello y sus secuaces han mantenido por años una campaña difamatoria e injuriosa contra empresas reguladas por múltiples entidades estatales y dirigidas por empresarios de excelente prestigio y reputación.

Tras fracasar en sus primeros ataques, pasó a reclamar la imposible devolución de los fondos de pensiones, después redujo su exigencia al 30 %, luego abogó por la disolución o “eliminación” de las AFPs y ahora amenaza con procesos judiciales y acusaciones sin fundamentos de robo y malversaciones.

Por todos estos despropósitos, que por pertinaces lucen parte de alguna conspiración política, me preguntaba recientemente, ¿cuál sería la manera más expedita para sabotear la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana logrados en las últimas décadas? Quizás mediante un ataque mortal a su sistema financiero y de seguridad social.

¿A quién convendría una locura tan suicida? A políticos sin nada que perder, que nunca sacan una gata a orinar, en especial de izquierda, posiblemente financiados por sus camaradas foráneos ansiosos de hincar sus dientes aquí como han hecho en Venezuela. Varios aliados de Botello son activistas de izquierda con reconocidos vínculos cubanos y venezolanos.

Para ese funesto propósito, según su trayectoria, emplean las habituales técnicas de fomentar el miedo, mediante la desinformación, para lograr que el temor de las masas les genere alguna tracción política que de otro modo no tendrían. Eso es lo que al parecer está en marcha con el descabellado fin de dizque “eliminar” las AFPs y ARS.

El senador y tres diputados que integran una dispar coalición que introdujo el proyecto de ley en ese sentido deben explicar mejor sus reales intenciones. ¿Habrá más legisladores tan bobos o malucos, sin sentido común, como para ponerse a debatir semejante disparate? Como comenté antes, dicen que “quien quiere jodéise no caicula”.