*Por J. Alexander Pérez
Un amigo residente en los Estados Unidos me contó que había laborado en una empresa de alquiler de vehículos que perteneció a un ciudadano israelí, quien cansado por la edad y el trabajo, decidió retornar a su patria, y la empresa en vez de venderla, la traspasó en acciones a los empleados de la misma.
A partir de entonces, los servidores, que eran a la vez propietarios de manera espontánea se convirtieron en guardianes meticulosos de los intereses de la misma, lo que la convirtió en una de las principales del ramo en esa nación.
En el 1996 el entonces director de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo –CORPHOTELS-, Oscar Santiago Batista me constató para que le hiciera un estudio de la suerte que debían tomar los hoteles del Estado en manos de esta institución, luego de realizar un trabajo de factibilidad de los mismos, cuando preparaba el informe, dos miembros del entonces partido de gobierno le advirtieron a Batista que tuviera cuidado conmigo que yo era neoliberal.
Ciertamente, a raíz del triunfo del fenecido expresidente Joaquín Balaguer en las elecciones del 1994 publiqué varios trabajos en los que expliqué que la única solución que tenían las empresas reunidas en el CEA, Corde, CDE y Corphotels, era pasarlas al sector privado, porque al ritmo que eran saqueadas y mal administradas, terminarían como un cascarón inservible, y se perderían los empleos productivos que estaban en capacidad de generar.
Siempre he creído que si la industria eléctrica, como el de las telefónicas, desde un principio hubiera estado en manos del sector privado, en esta media isla abría energía eléctrica suficiente para iluminar hasta en el Hoyo de Pelempito
El presidente de la República, Luis Abinader ha enviado el proyecto de Fideicomiso de Punta Catalina a un debate en el Consejo Social y Económico, para que toda la sociedad pueda opinar, y alcanzar un consenso en torno a la misma.
El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, y ex candidato presidencial Pelegrín Castillo ha propuesto en varios trabajos que están disponibles en las redes sociales, que en el caso de la planta de Punta Catalina, se utilice el párrafo, del artículo 219 de Constitución de la República que establece: “Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, podrá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia”.
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 60 un mecanismo parecido para la enajenación de propiedades públicas; luego en la ley 226 del 1995, dispone un programa de enajenación que prevé dos etapas: 1ra. La que privilegia a los segmentos sociales, que bien pudiera incluir a los trabajadores, a los quienes otorga un periodo de 60 días para que puedan adquirir acciones de las mismas, incluso con facilidades de crédito.
En un segundo periodo, las acciones serían facilitadas libremente a otros inversionistas a un precio mayor, a que fueron ofertadas en el primero, tomando en cuenta igualdad de condiciones e informaciones.
Pelegrín Castillo en su propuesta sostiene: “con esa fórmula constitucional de “democratización de la titularidad de las acciones” de las empresas públicas, no solo se garantiza una gestión trasparente y eficiente de las mismas, sino que empezaría a cambiar la naturaleza del capitalismo dominicano y a corregirse algunas de sus deformaciones históricas”.
El político y abogado añade: “este modelo fue concebido para ampliar la base propietaria de la República, contrarrestando, la perniciosa tendencia a la alta concentración de las riquezas y las oportunidades, que constituye uno de los mayores desafíos que amenazan la paz social y la estabilidad democrática en nuestra nación y el continente.”
Producto de ese nuevo orden institucional en Colombia, la empresa: Interconexión Eléctrica S.A. sienta un precedente importante, digno de ser emulado, donde el accionista mayoritario, el estado, al tiempo que traspasa una parte importante de sus acciones, se compromete a garantizar y respetar a quienes sean minoritarios; a crear un Código de Buen Gobierno y una estructura institucional eficiente.
El gobierno, como tal, emitió una declaración para proteger por 10 años a los accionistas minoritarios, con la creación del Centro de Información al Accionista; política definida de reparto de dividendos; liquidez para el pago de acciones; poder a los accionistas minoritarios de convocar a la asamblea; integrar a los accionistas minoritarios a la Junta de Directores, y derecho de retiro y ventas.
Con ese mecanismo la termoeléctrica de Punta Catalina se constituiría en un modelo de capitalismo moderno, democrático, participativo, que la sociedad dominicana seguiría percibiendo como un bien de todos, desde el punto de vista de la producción, como de la rentabilidad, lo que subiría los bonos del presidente Abinader ante la gente, y el concepto de esta, sobre esa empresa.
@alexandrperez
