Daris Javier Cuevas.
En todo el accionar de la dinámica social, incluyendo el Estado y su administración, cuando se tiene cuidado, se actúa de una manera adecuada y justa, se es moderado, reflexivo, cauteloso con previsión, se tiene la sensatez como principio, entonces se camina por el sendero de la prudencia. Esto así ya que el valor de la prudencia conlleva
consigo intrínsecamente evitar provocar potenciales daños y fragilidad en las libertades del conglomerado, así como a la actividad económica.
Hablar de prudencia es sinónimo de previsión, consecuencias de todo accionar, lo que obliga a la cordura y actuar con sabiduría y discreción, lo cual es consecuente con la procedencia de este término del latín prudentia. Y es que la prudencia persigue impedir la presencia de todo tipo de extremos y ser reflexivos sobre los alcances e implicaciones de las acciones que se tomen por el grado de responsabilidad que esto tolera, tal como lo recuerdan las sagradas escrituras en el libro de proverbio cuando sugiere saber distinguir y discernir entre el mal y el bien, conforme a las circunstancias.
La prudencia ha de estar presente en todo momento, fundamentalmente, cuando se trata de promover reformas en el esquema jurídico y la norma constitucional. Pues promover reformas de naturaleza jurídico-constitucional de forma inherente sugiere actualizar, modificar, enmendar y mejorar, esto significa que plantearse reforma no es sinónimo de aceleración ni mucho menos promover cambios radicales, si no que de lo que se trata es que las transformaciones han de ser gradual en lo institucional y diferida en lo estructural para adecuar un sistema determinado ya que la única razón de la misma es corregir lo que resulta infuncional en el contexto de la realidad, pues lo contrario, es un desorden de las emociones o una patología de la normalidad.
Al psicoanalista alemán, Erich Fromm, se le reconoce la genialidad de profundizar acerca de la salud mental de la sociedad y como esta al deteriorarse puede ser perjudicial para la sociedad, los individuos en particular, y sus vínculos con el sistema económico predominante. En adición, demostró que muchos gobernantes en el mundo asumen comportamientos extravagantes que lo interpretan como normal y fabulosos, por tanto, la sociedad debe aceptar que todo funciona bien, que sus acciones y decisiones son lo mejor que ha ocurrido en la historia de la humanidad, implicando esto que nadie debe cuestionar su gestión, convirtiéndose esto en el engendro de la obsesión por cambiar todo y a esto es lo que calificó como la patología de la normalidad, situación que la historia lo registra como los grandes desastres que han degradado a la sociedad.
Bajo tal criterio se ha de reflexionar de que toda promoción de reforma sugiere preservar el marco que da origen a lo que se procura modificar, aunque algunos pudieran ser modificados. Pues resulta que, en cuanto a la parte legislativa, una reforma simboliza una racionalización de los procedimientos de carácter legales cuya intención es la de actualizar y mejorar el cuadro normativo sobre el cual se tutela al Estado en relación a la norma constitucional y sus leyes, significando esto que una reforma lo único que pretende es mejorar el sistema que se posee, por tanto, esta debe ser por etapas y progresiva, no irracional e innecesaria.
Al momento de plantearse reformas en el esquema y ordenamiento jurídico- constitucional de un país, es oportuno considerar el impacto de las mismas sobre el bienestar económico de las gentes, como son las reformas fiscal y laboral, dado la relación complicada entre el bienestar/ ingresos y definen la economía de la felicidad de las personas. Cuando se hace el ejercicio de correlacionar las variables económicas y la felicidad, es prudente ponderar la importancia de saber lo que piensan las personas sobre su felicidad y la incidencia de factores económicos, por tanto, no se debe promover reformas ignorando la hipersensibilidad de la economía y prudencia al actuar.
Lea también: Desencanto y crisis de confianza
