La protección social de los más desventajados de la sociedad es expresión de la justicia como equidad que propone John Ralws frente a las desigualdades que son “diferencias en la distribución resultante, que una práctica establece o hace posible, de las cosas que los hombres se esfuerzan por alcanzar o por evitar”.

La protección social, desde una vertiente ética, es además de expresión de la justicia, manifestación de la vida buena y la práctica política del bien común según Michael Sandel.
La relación entre protección social y desarrollo humano implica asociar el primer concepto con la ampliación de libertades humanas y la creación de capacidades propuesta por Martha Nussbaum.

Ampliar las libertades y crear capacidades de los más pobres requiere de oportunidades que contribuyan al bienestar de una persona, considerada con un fin en sí mismo, no como medio.

Las libertades ampliadas permiten a los pobres vivir, alimentarse, educarse, estar sanos, ser productivos y trascender.

Los programas de transferencias monetarias condicionadas, como expresión de la protección social no contributiva, a partir de una perspectiva ética, deben estar orientados a favorecer en sus beneficiarios, la práctica de la responsabilidad.

Si se tiene derecho a la protección social, también se tiene el deber de cumplir obligaciones asociadas a la condición de ser agente moral siguiendo el enfoque kantiano.

Partiendo del enfoque derechos-deberes, las familias participantes en los programas están obligadas a cumplir con responsabilidades y compromisos que se orientan al logro de capital humano como son velar por la educación y la salud de sus hijos e hijas y cumplir compromisos formativos que inciden en una mejor empleabilidad.

Uno de los aspectos prioritarios del programa Progresando con Solidaridad es promover en las familias en situación de pobreza las denominadas corresponsabilidades de salud y educación a cambio de recibir cada mes transferencias monetarias condicionadas Comer es Primero, Incentivo a la Educación Escolar y Bono Estudiando Progreso.

Reactivar las obligaciones de las familias Prosoli, aun en tiempos de pandemia es urgente y prioritario si se quiere proteger los derechos de los más vulnerables.