El Día 
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader presentó este miércoles la propuesta de reforma constitucional para la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, la reorganización del funcionamiento de las altas cortes, así como garantizar la independencia del Ministerio Público y el fortalecimiento de los órganos de control interno y externo.
Al encabezar la mesa del Diálogo Nacional con el fin de discutir las reformas para impulsar la transparencia y modernización del Estado, el mandatario solicitó, además, la confirmación de la mesa de trabajo para discutir esta propuesta.
Acompañado de la vicepresidenta, Raquel Peña; los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el viceministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Lugo y el subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Luis Montilla Castillo, el mandatario recordó que su discurso del pasado 18 de agosto donde destacó que cambiar el país es una tarea conjunta y que requiere diálogo, audacia y generosidad por parte de todos y todas.
«Una democracia son sus instituciones y la calidad del debate que en ellas se produce y en estas mesas de diálogo que proponemos formar para conversar, discutir y acordar sobre un conjunto de reformas que consideramos útiles para nuestro país, está la clave de la democracia a la que aspiramos», planteó.
El gobernante destacó que esta es una democracia que delibera, respeta al adversario, busca el acuerdo en beneficio de sus representados y construye un país más fuerte para las generaciones futuras.
«Y por eso es por lo que estoy aquí. Para implicarme en las soluciones, escuchar y proponer», enfatizó.
El presidente Abinader destacó que el fortalecimiento de la transparencia pública mediante la paulatina formulación de un marco normativo progresivo y coherente, así como la continua modernización de las herramientas con las que cuenta el Estado para el cumplimiento de sus fines, son una consecuencia lógica de los artículos 7 y 8 de la Constitución.
Estos artículos, agregó, establecen el respeto de la dignidad humana como fundamento del Estado y la protección de esta, a través de los derechos fundamentales, como su función esencial.
«Impulsar estas transformaciones ha sido una de nuestras principales propuestas y hemos priorizado su cumplimiento», dijo.
Citó como ejemplos la creación de la comisión de liquidación de órganos del Estado; la adscripción de numerosos órganos que estaban bajo la presidencia de la República a los entes que realmente corresponde, como Medio Ambiente, Administración Pública o Salud Pública, entre otros.
Además, la creación de un Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas y de Comités de Seguimiento de las Contrataciones Públicas; la aprobación de un Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración pública y más recientemente la promulgación de leyes como la que regula las aduanas o la Ley de Simplificación de Trámites y Mejoras Regulatorias.
«Ahora bien, este proceso de tan especial relevancia para nosotros no se detiene en las decisiones que hemos venido tomando desde la Presidencia, sino que implica transformaciones más profundas, en las que debe participar toda la ciudadanía en el marco de un ejercicio democrático robusto», puntualizó Abinader.
Señaló que las transformaciones apuntan a cambios normativos amplios, cuyas propuestas serán presentadas en el seno de este Consejo en el momento que resulte oportuno, como ocurre con la transformación del sistema de controles de la Administración Pública.
Por eso, añadió, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y las instituciones involucradas presentarán las propuestas para reformar las leyes que regulan la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el sistema de compras y contrataciones públicas.
«Pero estas reformas no serán una imposición nuestra, sino el resultado de un esfuerzo colectivo de la nación dominicana, en el que su liderazgo ha sabido poner a un lado las posturas que nos distancian para trabajar en aquellos temas que tanto se necesitan», precisó.
A continuación compartimos el documento:
Propuesta del Poder Ejecutivo sobre la necesidad de una reforma constitucional
Preámbulo
La Constitución dominicana vigente data de 2015. No obstante, casi la totalidad de su redacción se origina en la reforma constitucional de 2010, la cual fue amplia, a distinción de las reformas de 1994 (sobre puntos específicos) y de 2002 (solamente sobre la reelección presidencial). El texto actual es adecuado a nuestra realidad social en términos generales; sin embargo, entendemos que debe ser objeto de algunas mejoras en el marco del sistema de separación y organización de los poderes y determinados ejercicios democráticos. En razón de ello, conviene impulsar una reforma constitucional de naturaleza orgánica, inscrita en la ola de reformas sobre transparencia e institucionalidad.
La propia Constitución establece el procedimiento para su reforma, la cual se declara mediante una ley de convocatoria, presentada por la tercera parte de los miembros de una de las cámaras legislativas o del Poder Ejecutivo, que ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora.
Aunque la Constitución dispone de manera integral el proceso de su reforma, cuya validación tiene lugar en el seno de la Asamblea Nacional Revisora, en esta ocasión se ha entendido oportuno someter el objeto y contenido de la reforma constitucional a un paso previo de socialización ante el Consejo Económico y Social (CES), así como ante la representación de los distintos sectores que en torno a este se reúnen.
La reforma constitucional que se propone tiene por objeto robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales, eficientizar los procesos propios del Estado y la Administración Pública y consolidar el ejercicio democrático. Para ello, la reforma versaría sobre las figuras constitucionales que se identifican a continuación:
Consejo Nacional de la Magistratura
Por tratarse del órgano del que depende la escogencia de los jueces de las Altas Cortes, el Consejo Nacional del Magistratura está llamado a ser un mecanismo legítimo, imparcial y objetivo en dicha selección. En razón de ello, para incidir en el logro de una justicia independiente se debe recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al Procurador General de la República. La composición quedaría en 7 miembros, en vez de los 8 actuales, redistribuyendo la cuota de decisión de cada poder del Estado representando en el seno de este órgano y dotándolo, por ende, de mayor legitimidad.
En el marco de esta reforma se perfeccionaría el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual sesionaría de manera ordinaria cada tres años y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, tras la convocatoria del Presidente del Consejo o, en su defecto, del conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante este. Con esta última medida se quitaría el monopolio que actualmente tiene el Presidente de la República en atribuciones de convocatoria.
Altas cortes y Poder Judicial
De la mano de la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, es oportuna una reorganización puntual del funcionamiento de las altas cortes, estas son, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
En concreto, se buscaría someter a sus jueces a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. En tal sentido, estos jueces serían designados por períodos únicos de 9 años y los plenos serían renovados gradualmente cada 3 años; por su parte, la ostentación de la presidencia de estas altas cortes sería alternada cada 3 años y a partir de los jueces designados anteriormente.
Esta dinámica fortalecería la independencia de los jueces ante la imposibilidad de su reelección en un mismo órgano, reduciría la posibilidad de que se formen mayorías ideológicamente comprometidas con una visión política y contribuiría a la construcción de una cultura de reformulación gradual de los órganos constitucionales.
Asimismo, se incluirían nuevos requisitos de designación para los jueces de estas altas cortes para que, durante los 5 años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. Con ello se fortalecería la idea de un una altas cortes y un Poder Judicial ajeno a la política partidista, en coherencia con los principios de imparcialidad y objetividad de los jueces.
De manera particular en cuanto al Tribunal Constitucional, se mantendría la mayoría calificada de 9 votos que actualmente rige para la adopción de decisiones relativas a acciones directas de inconstitucionalidad, control preventivo de los tratados internacionales y conflictos de competencia, pero se remitiría a la ley la determinación de la mayoría exigida para la adopción de ciertas decisiones que son de su competencia. Esta medida procuraría dotar de mayor celeridad los procedimientos constitucionales como la revisión de sentencias de amparo o la suspensión provisional de sentencias jurisdiccionales que, por la dificultad de la mayoría constitucionalmente establecida, son de muy prolongada tramitación en el Tribunal Constitucional, lo que desvirtúa por completo estos procesos constitucionales.
Por otra parte, se delegaría en la ley la regulación del funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, incluyendo disposiciones que garanticen la independencia entre sus miembros.
Ministerio Público
Para garantizar la independencia política en el sistema de justicia dominicano, no basta con excluir del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República sino que es necesaria una transformación constitucional del Ministerio Público, la cual le otorgue una independencia real del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado.
A la vez, se sujetaría a los titulares del Ministerio Público a un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización más riguroso, estableciendo nuevos requisitos y formas de designación, así como incluyéndolos dentro de las invitaciones a las cámaras legislativas y las interpelaciones del Congreso Nacional.
En el marco de esta reforma también se delimitarían mejor las funciones del Ministerio Público, especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles, y transfiriendo algunas de sus funciones actuales, tales como la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad y la dirección del sistema penitenciario, a un ente del Poder Ejecutivo de conformidad con la ley.
Esta medida permitiría al Ministerio Público concentrar sus recursos en la persecución contra la criminalidad e impediría que hubiese una distorsión al otorgar atribuciones propias de la Administración Pública a un órgano dotado de plena independencia política del Poder Ejecutivo.
En este mismo contexto, el actual Procurador General de la República pasaría a denominarse Fiscal General de la República. Asimismo, se sustituirían las siguientes denominaciones: Procurador General Adjunto del Procurador General de la República por Fiscal General Adjunto al Fiscal General de la República; Procurador General de Corte por Fiscal Regional; y Procurador por Fiscal.
Por otra parte, se delegaría en la ley la regulación del funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público, incluyendo disposiciones que garanticen la independencia entre sus miembros.
Representación de la Administración Pública
Como parte de los procesos de reestructuración de la Administración Pública, se reorganizaría la figura del actual Procurador General Administrativo, para que este se convierta en el Abogado General de la Administración Pública, titular de un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo de conformidad con la ley.
Este Abogado General y sus abogados adjuntos representarían a la Administración Pública ante la jurisdicción contenciosa administrativa y ante cualquier otra que determine la ley.
También se establecería un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización más riguroso para este titular, el cual será designado por el Poder Ejecutivo en la forma que establezca la ley y deberá ser dominicano, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser licenciado o doctor en Derecho con por lo menos 10 años de experiencia profesional.
Sistema electoral
En el marco de la reforma constitucional, es imprescindible consolidar el ejercicio democrático a través de mejoras puntuales al régimen electoral, relacionadas principalmente con la organización de las Asambleas Electorales.
En cuanto a los órganos electorales, además de las reformas comunes a las altas cortes que recaerían sobre el Tribunal Superior Electoral, se suprimiría la figura de los suplentes en esta alta corte, fijando su pleno en un total de 5 miembros, dentro de los cuales se elegiría al presidente y sus sustitutos.
Respecto a la Junta Central Electoral, se perfeccionaría el estatuto de sus miembros y suplentes, incluyendo nuevos requisitos de designación para que, durante los 5 años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante.
Proceso de formación de leyes
Otra de las formas en que se consolidaría el ejercicio democrático es a través de la ampliación de la titularidad de la iniciativa legislativa. En este sentido, la iniciativa legislativa popular podría ser presentada por un mínimo de 25,000 ciudadanos inscritos en el registro de electores, en vez del actual 2% que se exige.
En el marco de esta reforma también se extendería el derecho de iniciativa legislativa a los órganos constitucionales exclusivamente en lo que respecta al proceso de formación de sus respectivas leyes orgánicas.
También se aumentarían los plazos de observación y promulgación de leyes con que cuenta el Poder Ejecutivo para que, en vez del plazo actual de 10 días o 5 días si el asunto es declarado de urgencia, se pueda contar un plazo razonable en razón de la envergadura de la pieza legislativa aprobada.
Control de los fondos públicos
Finalmente, se reorganizaría a los órganos encargados del control externo e interno de los fondos públicos, estos son la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
En cuanto a la Cámara de Cuentas, se establecería como requisito para ser miembro que, durante los cinco años previos a su designación, la persona no haya estado inscrita en un partido político ni haya realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante.
En cuanto a la Contraloría General de la República, se establecerían atribuciones expresas, que actualmente no son contempladas, con el propósito de fortalecer su rol de control de los fondos públicos del Poder Ejecutivo.
