Santo Domingo.-Luego del proceso electoral realizado el pasado domingo, el entorno de los centros de votaciones lucía con grandes cantidades de afiches, carteles, pancartas y otros materiales utilizados para hacer campaña política.

Este escenario se observó mayormente en espacios públicos ubicados en el Gran Santo Domingo donde hubo una notable presencia de ciudadanos que se dirigieron a estos centros de votaciones para apoyar a su candidato preferencial.

Cabe destacar, que persisten vallas y letreros que fueron colocadas sin control en los municipios, sin respetar espacios públicos y que en ocasiones obstruyen las señales de tránsito, ensucian postes del tendido eléctrico, y que además fueron instaladas en las azoteas de las casas y apartamentos.

Pasadas las elecciones electorales municipales, la acción de recoger la propaganda política aún no inicia por parte de los candidatos o las autoridades, lo que genera contaminación visual, además de la degradación que produce en el medioambiente.

Otro caso que se pudo apreciar fue la colocación de publicidad política en vehículos, sobre todo pertenecientes al transporte público.

Además, la contaminación afecta de manera directa a las personas, produciendo cansancio visual, dolor de cabeza, estrés, distracciones, incomodidad, bloqueo del paisaje natural y en ocasiones pérdida de los valores escénicos.

Las propagandas mayormente exhibidas pertenecen al Partido Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana.

Partidos, responsables de retirar propaganda
Ley. El artículo 171 de la Ley 15-19, del 18 de febrero de 2019, Orgánica de Régimen Electoral, establece que los partidos políticos y sus candidatos serán responsables del retiro de la propaganda electoral.

Para esto, señala que se coordinará con los partidos políticos y los ayuntamientos correspondientes, la organización de jornadas de limpieza, a partir del momento que la Junta Central Electoral (JCE) lo coordine con dichas autoridades.

En el párrafo dos de dicho artículo, dispone que en caso de que los partidos políticos no hagan efectivo el retiro de la propaganda, la Junta Central Electoral solventará los costos de retiro de la misma con los fondos retenidos al partido político correspondiente.