Procuraduría tiene reto de sustentar acusación de caso Odebrecht

Procuraduría tiene reto de sustentar acusación de caso Odebrecht

Procuraduría tiene reto de sustentar acusación de caso Odebrecht

Trece de los 14 imputados por el caso Odebrecht cumplen medidas de coerción.

Santo Domingo.-El Ministerio Público tiene el reto de mostrar pruebas y argumentos convincentes para poder sostener la acusación de sobornos contra los 14 imputados por el caso Odebrecht, ya que en las delaciones, que son parte fundamental en el expediente, no aparecen afirmaciones directas sobre lo relativo al admitido pago de sobornos por parte de la empresa.

Esto porque en el interrogatorio del gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, este niega el pago de sobornos, y el ejecutivo de esa empresa para República Dominicana, Marcos Vasconcelos Cruz, se refiere a estos como “supuestos”, sin afirmar de forma concreta estos ilícitos.

Tiempo de profundizar

“En esta investigación el Ministerio Público tendrá que rascarse con sus propias uñas. República Dominicana tendrá que profundizar, auditar las obras, las posibles sobrevaluaciones, el tema de las adendas y todo el tema jurídico operativo de las aprobaciones de estos contratos”, dijo ante esto el jurista Trajano Vidal Potentini.

Considera que de ningún modo la acusación del Ministerio Público puede descansar en las revelaciones, porque esto pondría en juego el expediente.

La Procuraduría tiene alrededor de 12 meses para ampliar los datos que tiene sobre este caso.

La única afirmación concreta sobre los US$92 millones en sobornos distribuidos por la empresa fue divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016.

“El Ministerio Público está en la obligación de hacer su propia investigación para poder establecer responsabilidades certeras”, indicó Potentini.

De igual modo, otro respaldo al expediente fue desmontado con la sentencia contra Joao Santana por lavado de activos y no por corrupción como se esperaba.

En este sentido, el jurista Cándido Simó consideró que uno de los temas sensibles en este caso es que el Ministerio Público haya puesto su vista en lo que se haya dicho en Brasil.

Pruebas referenciales

Al coincidir en que las investigaciones deben ser ampliadas, Simó especificó que hasta el momento lo que tiene el Ministerio Público son pruebas referenciales.

“Cuando un testigo dice que otro le dijo, eso se llama testigo de referencia, y los que han visto u oído deben ser en primera persona.

Así que. hasta ahora. para presentar acusación no veo que el Ministerio Público tenga causa probable”, consideró.

Sin embargo, explicó que en el transcurso de la investigación pueden salir nuevos datos sobre el admitido soborno.

Así mismo, señaló que cuando las autoridades tuvieron presente al representante de Odebrecht debieron presentarlo ante un juez para que atestiguara ante el mismo, “porque un testimonio ante un fiscal no vale como medio de prueba”.

Acuerdo con Rondón

Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, propuso que el Ministerio Público intente realizar un acuerdo de cooperación con Ángel Rondón, considerado pieza clave en este proceso.

Dijo que el empresario podría tener información que daría mayor avance a las investigaciones que se realizan en el país sobre el caso.

“Debería pensarse seriamente en un acuerdo de delación premiada, ya que esto es un mecanismo que aportaría bastante”, dijo.

Muy pocas apelaciones

De los 13 imputados que se encuentran cumpliendo coerción solo 2 han apelado la medida que les impuso el magistrado Francisco Ortega Polanco por su presunta vinculación a los US$92 millones que admitió la empresa Odebrecht que distribuyó en el país para obtener contratos.

Temistocles Montás y Andrés Bautista hicieron la solicitud de la variación de sus medidas por medio de sus abogados.

Los demás imputados tienen hasta mañana para realizar su gestión.

En su resolución el juez Ortega Polanco estableció 20 días para la apelación.

No presentarán este recurso los legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, a quienes se les impuso una garantía económica.



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