Principal imputado del caso Onco14 utilizaba farmacia del Patronato para vender sustancias controladas de manera ilegal

Santo Domingo.- El principal imputado del caso Onco14 utilizaba la farmacia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para la comercialización de medicamentos que contienen sustancias controladas, al margen de las disposiciones legales y regulatorias vigentes, es decir, de manera ilegal.

Esto, según la solicitud de medida de coerción del caso Onco14, el Ministerio Público establece que el principal imputado, Héctor Antonio Lora Cruceta, aprovechó su función de presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Inc., para permitir y facilitar la comercialización ilegal de estos medicamentos, en violación de las disposiciones legales y regulatorias vigentes.

Como consecuencia de dicha conducta, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó diversas inspecciones en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, donde se detectaron irregularidades relacionadas con la operatividad de la farmacia, evidenciándose prácticas compatibles con la dispensación irregular y la comercialización indebida de sustancias controladas, de acuerdo con la instancia del caso Onco14.

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De acuerdo a la instancia, se indica que en una de estas inspecciones tuvo lugar en fecha del 11 de julio de 2023, cuando personal de la Dirección de Químicos y Precursores de la DNCD intervino el referido centro con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de control de sustancias.

Los hallazgos de dicha intervención quedaron documentados en los registros de la DNCD de fecha 11 de julio de 2023, donde se consignan las irregularidades detectadas en el manejo y dispensación de medicamentos controlados.

Entre las irregularidades y presuntas violaciones a la ley detalladas en el informe figuran la venta de drogas controladas sin autorización, la comercialización de medicamentos controlados de uso hospitalario y la venta de medicamentos controlados vencidos desde el año 2022, según instancia del órgano acusador del caso Onco14.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2025, la DNCD realizó una nueva inspección conjunta con la Dirección de Químicos y Precursores y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), motivada por irregularidades persistentes y por la existencia de múltiples recetas médicas asociadas a supuestas donaciones.

Dichas prescripciones eran emitidas de manera reiterada por un mismo profesional de la salud, el anestesiólogo Dr. José Daniel Jiménez Marmolejos, lo que evidenciaba un patrón sistemático de prescripción irregular.

Durante esta segunda inspección se constató la continuidad de las irregularidades previamente detectadas, verificándose que las prácticas ilícitas no habían cesado, según la investigación del Ministerio Público en el caso Onco14.

Asimismo, durante la investigación del Ministerio Público del caso Onco14, se identificó la existencia de una entidad denominada FUNDOLOR (Fundación Dominicana del Dolor), dirigida por la señora Margarita Reyes Luciano, la cual tenía acceso a sustancias controladas sin justificación legal ni vínculo formal con el centro, permitiendo el manejo irregular de dichos medicamentos.

De igual manera, se comprobó que parte de las sustancias controladas gestionadas bajo la modalidad de supuestas “donaciones” no eran utilizadas para fines médicos legítimos, sino que eran desviadas y comercializadas a personas con dependencia de dichas sustancias.

Entre los casos identificados figura el de una señora, quien había sido previamente paciente de un doctor y que fue descontinuada de su tratamiento por presentar una condición de adicción.

No obstante, durante la inspección se constató que esa la misma señora figuraba como paciente de otro doctor, presentando un volumen significativo y desproporcionado deprescripciones de medicamentos controlados, lo que evidenciaría la instrumentalización del sistema de salud para la obtención irregular de dichas sustancias.

En atención a estas irregularidades, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) recomendó el cese inmediato de las operaciones de la farmacia en modalidad ambulatoria, al constatar incumplimientos graves de la normativa sanitaria y de control de medicamentos.

En el documento del caso Onco14, cabe destacar que, al momento de las inspecciones descritas, fungía como director técnico de la Farmacia del Patronato y responsable legal del establecimiento, conforme a la Ley General de Salud, el señor Jared Pérez Vargas, quien además mantiene un vínculo de parentesco con la imputada Dilcia I. Vargas Sánchez, aspecto que resulta relevante para establecer el contexto organizacional y las relaciones funcionales dentro de la estructura que permitió la comisión de los hechos.

Fraude farmacéutico en el caso Onco14.

El imputado del caso Onco14, Héctor Antonio Lora Cruceta, durante el período en que ejerció la presidencia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Inc., habría prohibido expresamente que los medicamentos donados al centro y aquellos entregados gratuitamente por visitadores médicos fueran suministrados sin costo a los pacientes, bajo amenaza de despido al personal que incumpliera dicha disposición. Según la acusación, justificaba esta medida alegando que la farmacia necesitaba generar ingresos mediante la venta de medicamentos.

Como consecuencia de esta prohibición, los medicamentos donados eran comercializados y aquellos que no lograban venderse, incluyendo fármacos de alto costo utilizados en quimioterapias, eran almacenados en un área que anteriormente funcionó como archivo del centro hasta su vencimiento, constituyendo una presunta apropiación indebida de bienes destinados a pacientes en condición de vulnerabilidad.

Además, según la investigación del caso Onco14, Héctor Antonio Lora Cruceta, junto con personal de la Farmacia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, realizaba doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando en dos ocasiones los conduces correspondientes a un mismo medicamento.

Dicha situación habría sido comunicada en múltiples ocasiones por el testigo Domingo de la Rosa Alcántara, así como por auditoras médicas y personal de farmacia. Sin embargo, según la solicitud de medida de coerción del caso Onco14, el imputado se limitaba a indicar que hablaría con los encargados de farmacia, sin adoptar medidas correctivas, evidenciando conocimiento y tolerancia del esquema fraudulento.

Los imputados del caso son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado del caso Onco14.

Al grupo en este momento se le conoce ante un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, la solitud de medida de coerción contra quienes el Ministerio Público pide 18 meses de prisión y que se declare complejo el proceso.