Onco14: Imputados habrían desviado RD$148 millones mediante red de facturación fraudulenta
Los imputados del caso Onco14, vinculados al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, habrían creado y ejecutado un esquema criminal que se desarrolló de manera sistemática y continua desde el año 2018 hasta octubre de 2025, con el propósito de desviar más de RD$148 millones en beneficio propio.
Así lo establece la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público, la cual señala que los imputados a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado caso Onco14.
Desviaron recursos mediante personas y empresas vinculadas, utilizando diversas modalidades fraudulentas para sustraer aproximadamente la suma de RD$148,660,116.70 en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Inc., y de los pacientes oncológicos afiliados al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), según instancia del órgano acusador contra los imputados del caso Onco14.
Fraude a SeNaSa
El Ministerio Público destaca que la mayor parte de los recursos económicos que recibe el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer proviene de fondos públicos canalizados a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), producto de los servicios médicos brindados a afiliados del régimen subsidiado.
Durante el período comprendido entre 2018 y 2025, SeNaSa desembolsó a favor del Patronato la suma de RD$3,754,064,167.76, esto según solicitud de medida de coerción del caso Onco14.
De acuerdo con la instancia, estos recursos tienen carácter público debido a que proceden de una entidad estatal encargada de administrar fondos destinados a garantizar el derecho a la salud de la población más vulnerable, por lo que su manejo exige transparencia, rendición de cuentas y apego a los principios de legalidad, eficiencia y probidad administrativa.
Como parte de las maniobras cometidas para desviar fondos, los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta y Dilcia Vargas Sánchez, imputados del caso Onco14, habrían gestionado la cesión de la facturación de las ARS de los pacientes atendidos con seguro médico a la firma Vargas Lora & Asociados, hoy denominada Vargas Guzmán Accounting Center, propiedad de Dilcia Vargas Sánchez.
El expediente del caso Onco14 sostiene que, mediante este esquema, los imputados percibían un 3 % de los montos pagados por las ARS y un 0.5 % de los honorarios de los médicos que laboraban para el Patronato. Asimismo, retenían porcentajes de otras facturaciones del centro y cobraban una iguala mensual por servicios de auditoría interna y externa.
La investigación del caso Onco14, establece que, entre 2018 y 2025, fueron desviados RD$100,557,821.55 a través de este mecanismo, presuntamente en violación de los estatutos del Patronato.
Los fondos habrían sido canalizados de la siguiente manera: RD$50,012,799.32 a través de cuentas personales de Dilcia Vargas Sánchez; RD$42,112,104.04 mediante la empresa Vargas Lora & Asociados y RD$8,432,918.19 a través de Vargas Guzmán Accounting Center.
El Ministerio Público sostiene que este esquema permitió un enriquecimiento ilícito de RD$100,557,821.85 a favor de la imputada Dilcia Vargas Sánchez.
Además, en el documento del caso Onco14 se señala que fondos del Patronato fueron utilizados para cubrir gastos personales, incluyendo internamientos médicos, medicamentos, gastos familiares, servicios de enfermería privada y pagos de préstamos personales.
Sistema de facturación fraudulenta
La investigación también establece que Héctor Antonio Lora Cruceta y Dilcia Vargas Sánchez habrían creado un sistema de facturación fraudulenta en perjuicio de SeNaSa y de sus afiliados.
Según el Ministerio Público establece en la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Onco14, la empresa Vargas Lora & Asociados, posteriormente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, percibía ingresos por concepto de gestión de cobros y servicios de auditoría, generando un supuesto esquema de autocontratación y conflicto de intereses.
Asimismo, se indica que Lora Cruceta implicado en el caso Onco14 habría habilitado un denominado Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas con el objetivo de modificar indicaciones de pacientes provenientes de otros centros médicos privados, incrementando así los montos facturados al régimen subsidiado de SeNaSa.
La solicitud de medida de coerción a los implicados del caso Onco14 sostiene que se agregaban estudios diagnósticos y procedimientos que no habían sido indicados por los médicos tratantes, sin realizar evaluaciones previas a los pacientes.
De acuerdo con el Ministerio Público, estas prácticas se realizaban bajo instrucciones directas de Lora Cruceta imputado del caso Onco14, quien presuntamente amenazaba con despedir al personal que se negara a ejecutarlas.
También se señala que fueron utilizados sellos médicos de distintos especialistas y talonarios pre sellados para emitir indicaciones a nombre de profesionales que no habían evaluado a los pacientes, configurando presuntos delitos de falsedad documental y fraude contra SeNaSa.
Otras maniobras atribuidas a los imputados del caso Onco14
La solicitud de medida de coerción del Onco14, se le atribuye además a los imputados del caso Onco14 diversas acciones para desviar recursos y ocultar las operaciones realizadas.
Entre las maniobras señaladas figuran: La utilización de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida como vehículo para el desvío de fondos del Patronato.
Importaciones masivas de papelería, tintas, impresoras y equipos utilizando exoneraciones fiscales destinadas exclusivamente al Patronato.
El cobro de presuntas comisiones ilícitas a proveedores, la eliminación de registros digitales institucionales, afectando la trazabilidad de las operaciones.
Intentos de extracción de documentación perteneciente al Patronato, la desarticulación de controles internos para facilitar el desvío de recursos, la asignación de gastos de representación considerados ilegítimos.
Reembolsos presuntamente fraudulentos por viajes, hoteles, restaurantes y otras actividades sin documentación de respaldo.
Perjuicios directos al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a SeNaSa y a pacientes oncológicos de las 14 provincias del Cibao.
La incorporación al sistema financiero de fondos presuntamente sustraídos, conducta que el Ministerio Público vincula a los imputados del caso Onco14 las operaciones de lavado de activos.
La instancia del caso Onco14, en la que sostiene que estas acciones provocaron graves perjuicios económicos a una institución dedicada a la atención de pacientes con cáncer y a los recursos públicos destinados a garantizar servicios de salud para la población más vulnerable.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
