Presidente SCJ pide descontinuar judicialización de procesos actas de nacimiento

Presidente SCJ pide descontinuar judicialización de procesos actas de nacimiento

SANTO DOMINGO.– El Consejo del Poder Judicial (CPJ) firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional junto con otras entidades gubernamentales e internacionales para el registro oportuno y tardío de nacimientos en la República Dominicana.

El presidente del CPJ, magistrado Luis Henry Molina Peña, solicitó que se evalúe la posibilidad de promover reformas legales que permitan la des judicialización de los procesos de actas de nacimiento.

Molina Peña habló durante la firma del Acuerdo Macro sobre Registro de Nacimiento que se llevó a cabo en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

“Es preciso subrayar el hecho de que los únicos medios de prueba que admite el procedimiento de declaración son propios de la Junta Central Electoral. Por lo que es necesario evaluar la posibilidad de promover reformas legales que permitan la des judicialización del proceso relativo a las actas de nacimiento. Para que se establezca como trámite puramente administrativo en el seno de la Junta Central Electoral (JCE)”, sostuvo el magistrado presidente.

El también presidente de la Suprema Corte de Justicia señaló que complicar en sede judicial la solución a un trámite administrativo que reclama la ciudadanía resulta un escollo evitable.

“El interés superior del niño presupone que un menor de edad debería contar con su identidad sin necesidad de trabas ni retrasos. Asumiendo que es acogido el 99.77% de los casos de demandas en materia de ratificación de declaración tardía de nacimiento, pondero necesario y pertinente procurar que este sea un proceso administrativo en el seno de la Junta Central Electoral», indicó.

Además, aseguró que el Poder Judicial hará todo lo que está en sus manos para facilitar la agilización de los procesos y el logro del conocimiento oportuno.

“Se corresponde con el deber jurídico, pues es mandato legal, constitucional y relativo a diversos acuerdos internacionales. Pero es, también, como se ha dicho, una opción de convicción del sistema de justicia, que en su planificación estratégica ha decidido poner en primer lugar a las personas vulnerables, entre las que se encuentran niñas, niños y adolescentes”, agregó.



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