Santo Domingo. — El presidente dominicano rechazó promulgar un controvertido proyecto para reformar el código penal e incrementar de cinco a 10 años de cárcel las condenas contra el aborto.
Pidió despenalizar el embarazo cuando pone en riesgo la vida de la mujer o es producto de una violación o incesto.
Danilo Medina consideró en una carta enviada la noche del viernes al presidente de la Cámara de Diputados que “lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos” sería permitir la interrupción del embarazo “cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.
El proyecto de ley, aprobado el 19 de noviembre por la Cámara de Diputados y a finales de octubre por el Senado, determina que el embarazo sólo puede interrumpirse ante un “estado de necesidad”, sin dar mayores detalles.
Medina pidió que el proyecto de ley especifique con claridad las excepciones en las que la interrupción del embarazo debido a razones médicas no será objeto de penalización.
“Dado lo gravoso” de las penas de cárcel para las mujeres y el personal médico involucrado en un aborto, “no resulta suficiente” establecer sólo el “estado de necesidad”, insistió el gobernante al demandar que la ley especifique con claridad dichas excepciones.
La decisión de Medina “es una abono a la deuda social con los derechos de las mujeres”, dijo en su cuenta en Twitter Sergia Galván, coordinadora de la organización no gubernamental Colectiva Mujer y Salud, que ha encabezados diversas protestas para exigir la despenalización del aborto.
“El presidente Medina tomó en cuenta el respeto a la integridad psíquica y moral de la mujer”, consideró la activista.
Diversas organizaciones de derechos de derechos humanos y de salud, como Profamilia, saludaron la decisión de Medina.
“Es un acto de valentía que valoro y agradezco como mujer”, dijo la fiscal de la capital dominicana Yeni Berenice Reynoso.
La pieza permaneció en debates durante 17 años y había sido criticada por grupos de derechos humanos, médicos, académicos y organizaciones feministas en lo relativo al aborto, ya que incrementa las penas de cárcel para las mujeres que interrumpan un embarazo, para los galenos que los practiquen e incluso para quienes de forma indirecta estén involucrados.
De ser aprobada la ley “los médicos dominicanos solo estarán seguros legalmente cuando dejen morir a su paciente por continuar un embarazo diagnosticado como altamente peligroso para su vida, lo que impedirá que el país mejore sus ya altos indicadores de mortalidad infantil y materna”, había explicado Magaly Caram, coordinadora de la organización Profamlia, en una misiva enviada el 25 de noviembre al presidente.
El código penal vigente prevé penas de al menos cinco años de cárcel para las mujeres que se practiquen y para los médicos u otras personas que las asistan.
La Constitución también prohíbe el aborto.
El proyecto de reforma al código penal también incrementa la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel, permite la acumulación de condenas hasta 60 años de prisión, incluye delitos que no estaban previstos en la legislación vigente.
También eleva las penas para el secuestro, desaparición forzada, agresión con sustancias químicas y violencia doméstica.
