Santo Domingo.- El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, calificó como “absurdo” que se contraten  y quieran mantener en secreto 15 oficinas de abogados, a través de Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, para supuestos casos de corrupción de funcionarios de la administración pasada.

“Entonces estaríamos contratando abogados sin tener el caso y esto sería una malversación de fondos públicos”, expresó.

Dijo que esa acción es lo más parecida a que un viajero compre un pasaje de avión para ir a Estados Unidos, pero que esa compañía a quien le compró el pasaje aéreo no ha comprado todavía el avión…lo que significa que se estaría contratando oficinas para casos inciertos.

Explicó que se debe de tener presente que la Constitución de la República le confiere a la Cámara de Cuentas la facultad para realizar las experticias al gasto, en consecuencia si no es una auditoria de esa organización que pueda realizarse y avalar que hubo irregularidad en el manejo de los fondos públicos, el Ministerio Público no tendría cómo formular un caso.

“Esto porque ya hay dos precedentes constitucionales y dos jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que establece que para hacer valer el uso irregular de los fondos públicos debe intervenir una auditoría de la Cámara de Cuentas, no de la Contraloría General de la Republica”, destacó el destacado abogado al ser entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo.

Dijo que a partir del principio de objetividad el Ministerio Público debe realizar las investigaciones con los resultados de una auditoría proveniente de la Cámara de Cuentas, y con ese instrumento, que lo constituye la auditoria como prueba fehaciente de que hubo dolo, de que hubo corrupción en una institución determinada, va a procurar los elementos que puedan servir para presentar el caso ante la justicia.

Recordó que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de perseguir los crímenes y de promover la acción pública contra estos delitos, ya presentados ante el Juez de la Instrucción, establecidas las medidas de garantías y luego del proceso de la audiencia preliminar, entonces si así lo pudiera necesitar el Poder Ejecutivo hacerse representar con el interés de perseguir civilmente a los encartados para que lo que se pueda recuperar pues así se haga.

Entiende que a partir de ahí, con un acuerdo de un cuota litis, se establece que podría representar económicamente para esos abogados, no antes del proceso, ya que no se sabe  si finalmente se tendrá que someter a la acción de la justicia a algunos imputados que públicamente se ha querido hacer referencia de que hubo irregularidades.

De la Rosa Tiburcio precisó que las irregularidades podrán comprobarse con una auditoría y una investigación del Ministerio Público que pudiera eventualmente no encontrar méritos en esa auditoría  y no presentar el caso.

En tanto, consideró que no puede haber ningún acto de ningunos de los poderes que se pueda manejar bajo el secreto, a menos que no sean aquellos actos de seguridad interna para el Estado.

Dice que no se puede mantener en secreto lo que no es posible materializar, si esto ocurre cualquier ciudadano puede hacer uso de su derecho a la información y solicitar a través de la ley 200-04 los nombres, los contratos y la suma a pagar, si se le va a pagar a partir de lo recaudado.

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