Provocó reacciones disímiles la condena en primer grado contra el periodista Julio Martínez Pozo por difamar e injuriar a un dirigente del colectivo Somos Pueblo y organizador de la Marcha Verde.
El presidente del Senado imprudentemente tuiteó su apoyo al condenado.
Algunos periodistas sugieren los demás pongamos barbas en remojo. Las redes sociales explotaron de alegría catártica.
Los hechos son que Julio difamó e injurió a un activista social, quien décadas atrás tuvo una ficha policial por padecer la enfermedad de la adicción, llamándole “mariguanerito” y peores epítetos descalificadores.
El pasado de muchos periodistas, políticos y funcionarios guarda misterios de magnitud enormemente peores, con cuya divulgación quizás no se mienta, pero en el contexto de denostar sí serían difamar e injuriar.
El prestigio, la honra y el buen nombre son bienes jurídicos invaluables y atacarlos sin razón ni base es una agresión cuya impunidad afecta el orden público.
Despenalizar un ilícito cuya tipificación está en el Código Penal y no el Civil, equivaldría a poner precio de multa a honras ajenas.
