El Día 
Por Ramón Mercedes
Nueva York.– La práctica de stop and frisk, o bien sea detenga y registre, que venía efectuando la policía de Nueva York a cualquier ciudadano en la ciudad, y un agente policial dominicano fue el primero en ser enjuiciado por dicha práctica, ya no tendrá justificación para que oficiales detengan un civil, porque el pasado martes el Comisionado Bill Bratton lo prohibió, mediante memorando emitido a todos los comandos de la uniformada.
Anteriormente la policía de la Metrópoli detenía y chequeaba a cualquier ciudadano por parecerse un sospechoso, actuar con nerviosismo, congregarse en un área de alto índice delictivo, ser hispano o afroamericano principalmente. El policía dominicano Román Goris, fue el primero en ser sometido ante la Junta de Querellas Civiles (CCRB), una agencia municipal independiente en la que los ciudadanos pueden querellarse, si creen que sus derechos son violados.
Actualmente existe un proyecto de ley municipal, del concejal Antonio Reynoso (D-Brooklyn), que de aprobarse obligaría a la Policía a obtener el consentimiento escrito o grabado del sospechoso antes de ser registrarlo.
En 2014 la Policía hizo un total de 46 mil 235 detenciones y chequeos; el 82% (38,051) de los detenidos fueron inocentes; el 55% (25,777) eran afroamericanos; el 29% (12,662) latinos; y sólo el 12% (5,536) eran de raza blanca, de acuerdo con datos reportados por la misma Uniformada y que fueron recopilados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El presidente de la Asociación de Policías Hispanos del NYPD, Dennis González, dijo que aunque entienden los nuevos reglamentos del departamento y los van a acatar, lo último que necesitan los oficiales a la hora de realizar su trabajo en las calles es tener más dudas sobre cómo actuar. Las nuevas restricciones llegan en un momento en que se realiza una restructuración en la Policía de NY, incluyendo nuevos entrenamientos para los oficiales actuales y los reclutas recién ingresados.
Para el Centro de Derechos Constitucionales, las nuevas reglas son sólo el primer paso para que el NYPD entienda que la manera en que ha conducido esa práctica en la última década tenía que cambiar.
El NYPD tiene 35,437 uniformados, de eso 9,186 hombres y mujeres (26 %) son latinos, la minoría más grande, y los dominicanos son mayoría dentro de esa minoría. Su distribución de rangos con 6,539 Oficiales; 1,011 Sargentos; 1,289 Detectives; 45 Capitanes; los sindicatos policiales: Asociación Benevolente de Patrulleros (PBA) con 22,000 oficiales activos. Su junta ejecutiva está formada por cinco miembros, incluidos su presidente Patrick Lynch y Joseph Alejandro, tesorero, de origen puertorriqueño y el latino de más alto rango en el PBA.
Asimismo la Asociación Benevolente de Sargentos (SBA) con 5,000 miembros. Su junta ejecutiva tiene nueve miembros, incluido su presidente Ed Mullins, cuya madre es española. La Asociación de Detectives (DEA) con unos 5,000 miembros. La junta ejecutiva tiene ocho miembros no latinos. La Asociación Benevolente de Tenientes (LBA) con unos 2,000 miembros. Su junta ejecutiva tiene cinco miembros no latinos; y La Asociación de Capitanes (CEA) con unos 1,000 miembros. Su junta ejecutiva tiene seis miembros ejecutivos no latinos.
Recientemente el jefe policial informó que en los últimos 25 años el crimen en NYC se ha reducido en un 75%, y puso de ejemplo un máximo histórico de 2,245 personas asesinadas en 1990 a solo 333 el pasado año (2014). Pero los tiroteos han aumentado entre enero y febrero del presente año en casi un 20%, llegando, de 151, comparado con 126 en 2014.
Bratton expresó recientemente que en la ciudad hay disparidades raciales intratables en que comete y que sufre de delincuencia, debido a que el 95% de los tiroteos son cometidos por los negros e hispanos; y el 95% de nuestras víctimas son también de esas etnias. También los homicidios aumentaron un 20% entre enero y febrero de este año, hubo 54 homicidios comparados con los 45 en el mismo período de 2014.
En 2014, la uniformada utilizó intencionalmente sus armas de fuego en sólo 42 casos, de unos 20 millones de contactos con la población civil; 4.5 millones de carreras de radio, y casi 400 mil detenciones.
