La presentación por tres senadores de una resolución pidiendo al gobierno dominicano solicitar la asistencia financiera de la comunidad internacional para llevar a cabo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) puso al desnudo la falta de liquidez que parecen enfrentar las autoridades para llevar a cabo de manera satisfactoria el ambicioso proyecto.
Desde el primer día, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), haló la alarma ante el caótico cuadro del lanzamiento del Plan. Denunció no haber recibido del ejecutivo RD$ 200 millones que se necesitarían, por lo que hasta ahora su organismo está financiando el operativo agotando un fondo especial.
Los senadores afirman que no hay previsión para el PNRE en el Presupuesto General del Estado de este año. Por tal motivo la reasignación de fondos afectaría otros proyectos como la construcción de escuelas y hospitales. Además incrementaría el déficit fiscal según argumentaron.
El gobierno dominicano, sin embargo, informó disponer entre 800 y 1000 millones de pesos para el PNRE. En tal sentido, acogió la solicitud de gratuidad del proceso formulada por organizaciones de la sociedad civil sin precisar cuál sería el fondo que utilizaría para tales fines.
Empero, si no es directamente al gobierno el PNRE dejará a la República Dominicana en pagos de servicios legales por los inmigrantes haitianos más de US$15 millones, según cálculos conservadores aproximativos.
La imprevisión presupuestaria vale tanto para la República Dominicana como para Haití. Dos países que tienen una diferencia de más de US$ 11 mil millones en su presupuesto.
El primero con un poco más de 14 mil millones. El segundo manejándose con unos US$ 2.6 mil millones incluyendo la ayuda internacional.
En estas condiciones, por lo menos, Haití asume que no puede subvencionar totalmente el costo del operativo que lanzará, aunque tarde, pero pronto, el Programa de Identificación y Documentación de Inmigrantes Haitianos (PIDIH).
Ante las críticas originadas en República Dominicana, el gobierno haitiano realiza una revisión del monto original de RD$ 2,500 (US$ 55) para proponer una nueva tarifa que incluye tres documentos: acta de nacimiento, cédula y pasaporte.
Además, en una recién visita al país, el Ministro de los haitianos viviendo en el extranjero (MHAVE), François Guillaume II, al compartir con las autoridades dominicanas, desmintió que su gobierno recibiera alguna cooperación económica de Venezuela o de la OEA para documentar a sus emigrantes.
Quizás sea importante recordar que los servicios consulares son normalmente caros para haitianos y dominicanos. Comparativamente al costo y la duración de las libretas, el pasaporte estadounidense es más barato para los nacionales de ese país en el extranjero. Cuesta en nuestra isla US$ 135 por 10 años o US$ 13.5 por año.
Mientras, los dominicanos pagan por un pasaporte en los Estados Unidos US$ 110 por 6 años, los haitianos pagan US$ 80 en la República Dominicana por una libreta de 5 años.
Vale observar que los tramites del programa de regularización conocido bajo las siglas inglesas TPS (estatus de protección temporal) que los haitianos lograron obtener en los Estados Unidos tras el terremoto de 2010, cuestan a los solicitantes US$ 675. El gobierno de Estados Unidos otorga una subvención total a quienes prueban no estar en la capacidad de pagar esa suma.
Es irracional pedir al gobierno haitiano ofrecer los tres documentos a unos 458,000 inmigrantes gratuitamente.
Además, la diáspora haitiana en la República Dominicana representa 14% de las remesas recibidas en Haití. O sea, entre 350 a 400 millones de dólares.
Es justo que Haití revise el costo. También que diseñe un mecanismo de subvención total para quienes no pueden pagar.
Particularmente, los pensionados del CEA, habitantes de los bateyes, madres solteras desempleadas, universitarios provenientes de grupos desfavorecidos entre otros.
Seria oportuno que el tema del PNRE sea discutido en la reunión bilateral de este jueves para concretizar la propuesta de un acuerdo de cooperación.
Este último, debería incluir aspectos tales los costos y la posibilidad de un financiamiento conjunto del operativo con apoyo internacional.
En ese marco y con la preocupación de la excelencia en el servicio que se quiere ofrecer, las partes deberían discutir seriamente sobre la posibilidad de parar por uno a dos meses el proceso para poder reiniciarlo en mejores condiciones.
